Prohibidos los cigarrillos electrónicos en colegios, hospitales y transporte público

Adiós al 'vapeo' en espacios públicos. Los cigarrillos electrónicos no podrán utilizarse en centros sanitarios ni zonas educativas e infantiles. Tampoco en el transporte público y en el ámbito de las administraciones, especialmente en las oficinas de atención al ciudadano.

Este es uno de los principales acuerdos que alcanzaron ayer las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial de Salud, el último del año y que, como es habitual, fue presidido por la titular de este departamento, Ana Mato. En él, los consejeros autonómicos y el ministerio acordaron también plantear a los grupos parlamentarios la ampliación de la prohibición a todos los lugares públicos cerrados, al igual que ocurre ahora con los pitillos al uso, de acuerdo con la Ley del Tabaco.

La ministra explicó que se va a pedir a los grupos que incluyan el veto a los cigarrillos electrónicos en centros escolares y sanitarios, junto al transporte público en algunas de las normas que están ahora en tramitación para que pueda entrar en vigor en enero. Un guante que recogió el consejero asturiano de Sanidad, Faustino Blanco, que recordó que «está a punto de presentarse un proyecto de ley en el Parlamento asturiano sobre el consumo de drogas» y que «el cigarrillo electrónico podría tener algún espacio en él».

Mato subrayó, además, que la limitación estatal debe hacerse a través de una ley, por lo que se buscará el mecanismo más rápido para que sea posible aplicar la prohibición en enero, mientras que, para una regulación más amplia, habrá que esperar a lo que digan los diputados, aunque destacó que todas las comunidades están de acuerdo en la necesidad de que haya una regulación nacional de estos cigarrillos, con el «objetivo prioritario irrenunciable» de proteger a los menores. Faustino Blanco fue uno de los que expresó su satisfacción tras la reunión por considerar que se produjo «un avance muy importante» ante dispositivos que «no son inocuos», porque «contienen nicotina y otras sustancias».

Homeopatía y copagos

Pero en el Consejo Interterritorial también se abordaron otros asuntos polémicos. Y, así, por ejemplo, se dio luz verde a la orden que actualiza la autorización de medicamentos homeopáticos con el objetivo de que tengan las mismas garantías de seguridad y calidad que cualquier otro fármaco. Al respecto, Mato aseveró que se trata de adecuar estos productos a la normativa europea y garantizar en el etiquetado la información necesaria. Blanco considera «de interés que los que se presentan inusitadamente como medicamentos curativos de patologías específicas se sometan a exigencias que demuestren científicamente que su eficacia es, al menos, superior a la del placebo, como ocurre con los medicamentos convencionales». Y, sobre el resto, el consejero ve correcto «que se regulen y comercialicen con una norma como la prevista o como complemento o suplemento».

Con lo que no fue tan complaciente fue con la idea del ministerio de Mato de «protocolizar» las intervenciones sanitarias en situaciones de riesgo para la salud pública. Y eso porque, según el consejero, el Gobierno central «pretende ahora enmendar la grave discriminación que supuso dejar fuera del sistema a colectivos como los inmigrantes en situación irregular, improvisando para ello un argumentario que supone una vuelta al modelo de salud pública de los años 50 y 60, en la que sólo se considera el riesgo vinculado a procesos transmisibles como el VIH, la tuberculosis o la hepatitis y otros no transmisibles considerados graves como la enfermedad mental».

Blanco alertó de que el ministerio «podría caer en el viejo concepto de la beneficencia y el estigma» de estas patologías. «Y es un contrasentido, al tiempo, pretender facturar individualmente a estos pacientes por riesgos que podrían afectar a toda la población».