Feve dejará de existir el 1 de enero y cederá sus activos a Renfe y Adif

Feve pondrá fin a sus 47 años de historia el próximo 1 de enero. La entidad arrastra una deuda de 530 millones, pierde 147 más al año, y los ingresos que le aportan los pasajeros y empresas cada día sólo cubren un 25% de los gastos. El Consejo de Ministros zanjó ayer la dinámica aprobando un Real Decreto Ley, norma prevista para resolver situaciones de «extraordinaria y urgente necesidad». El documento dispone que Feve ceda sus vías al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) mientras que los servicios de transporte pasarán a Renfe Operadora, planteamiento que ya adelantó EL COMERCIO a principios de mayo.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, defendió ayer que la medida suprime «costes corporativos duplicados». Que Renfe pueda gestionar todos los trenes permitirá efectuar «economía de escala y racionalizaremos las vías, horarios y servicios», agregó. La titular de transportes culpó del declive de Feve a una «ineficiente gestión de sus activos» y describió el balance económico de la empresa como el «más significativo y llamativo» de todo el sector ferroviario.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Pastor estableció que «los impuestos no pueden financiar las ineficiencias». A su juicio, el Estado debe sostener los trenes que cumplen un servicio público «pero lo que no se puede hacer es financiar lo que no le corresponde y seguir adelante con esta gran bola» de déficit.

La titular de Fomento se puso ayer ante las cámaras para presentar una medida que lleva meses fraguando. Fruto de este giro por ejemplo, el martes día 10, el que será el último presidente de Feve, Marcelino Oreja, se reunió con los sindicatos para avanzarles que en otoño reducirá en un 40% la circulación de servicios regionales y en un 12% los de cercanías.

Las intenciones del Gobierno con el sector tienen en vilo a las plantillas asturianas de Renfe y Feve. La empresa de vía estrecha tiene aquí, con cerca de un millar, a la mitad de todos sus efectivos. La posición de los sindicatos es la de no sufrir bajas en una integración por la que venían apostando desde hace años, siempre que la misma suponga adquirir las condiciones laborales de los trabajadores de Renfe Operadora.

El Real Decreto Ley sancionado ayer trasciende en todo caso a Feve con medidas que persiguen una «efectiva» liberalización del transporte de mercancías ferroviarias. Sobre el papel este tipo de servicios ya está abierto a la iniciativa privada, pero el dominio de Renfe sobre el parque móvil, su relación de privilegio con los fabricantes, y los cánones más bajos que paga por el uso de las vías dificultan que florezca una competencia capaz. Al final «el Estado está financiando el transporte de mercancías y éste, en vez de ir a más, va a menos» al mover sólo el 4% de los productos, contó Pastor.

Trenes de Alsa

La norma dispone además que a partir de julio de 2013 Renfe deje de ser la única que preste transporte ferroviario a viajeros. Empresas como la asturiana Alsa vienen mostrando desde hace años voluntad por operar en el sector y poner en circulación trenes con su logotipo. Según el análisis de Fomento, la competencia servirá para «ampliar el acceso de los ciudadanos a la alta velocidad a un menor precio».

Ana Pastor confía en que esta presencia de gestores privados aproveche mejor una red donde «hay líneas de alta velocidad con capacidad para que un tren pase cada cinco minutos y ahora mismo sólo lo hace uno cada media hora». Esta realidad y el frustrado interés de los empresarios por participar del negocio se dan al tiempo que Renfe tiene un excedente de 26 trenes de viajeros «que están ahora parados, con la pérdida de valor que eso conlleva». Entre los pretendidos horrores del sector, la ministra indicó también la existencia de 52 trenes regionales que no llegan a ocupar el 15% de sus asientos, 176 estaciones en las que el pasado año no llegó un sólo pasajero, y 152 donde los usuarios no pasaron de tres.

La ministra reconoció que con el Real Decreto Ley sancionado ayer «estamos iniciando un proceso que va a llevar un tiempo» pero descartó que el mismo genere molestias a trabajadores y clientes. «La reforma la hacemos para que no peligren los puestos de trabajo» adujo Ana Pastor, para quien «sólo se pueden preservar los empleos cuando hagamos reformas que consigan que el servicio que prestamos a los ciudadanos sea eficiente». Según desveló, a partir del lunes creará mesas de trabajo para que todos los profesionales de las empresas puedan aportar sus ideas al proceso.