El Contencioso rechaza la denuncia contra la designación del jefe de la Policía Local de Siero

¿Por qué denuncia el funcionario? El motivo no es nuevo: el alcalde no quiere nombrar a los actuales subinspectores por estar afiliados al Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA). Para evitarlo, designó a un agente. «Este sindicato lo denuncia todo, y la sentencia es clara. Ellos sólo quieren ocupar a toda costa los cargos de responsabilidad, y eso se acabó. Lo que tienen que hacer es dejar trabajar al resto por el bien de los vecinos del municipio», afirmó este sábado el regidor.

El subinspector, por su parte, asegura que va a recurrir esta sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA). Mantiene que sí está legitimado porque considera que la resolución del alcalde es ilegal. Ya hay precedente de ello en el Ayuntamiento sierense. Asegura el funcionario que el cuerpo está jerarquizado y que, ante la ausencia de la figura del comisario, hay que dar prioridad al escalafón de mando en el seno de la Policía Local. La figura de más alto rango en el concejo, en la actualidad, es la de subinspector, que es la que debería asumir el mando de forma temporal, «y no un agente. Da igual el nivel de estudios; esto está fijado por la Ley de Coordinación de la Policía Local». Otra cosa es que se quiera cubrir el puesto de jefe con la plaza de comisario, apuntó.

En este caso, el alcalde nombró jefe accidental a un agente, según argumenta el funcionario. «Por lo que se me está impidiendo acceder a esa plaza; por lo tanto, sí que estoy legitimado para denunciar la resolución». El pasado febrero, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 de Oviedo estimó un recurso del SIPLA contra una resolución de la Alcaldía que encomendaba las tareas de dirección y funcionamiento del cuerpo a un agente. «Ignora esa sentencia y ha vuelto a hacer lo mismo», al nombrar nuevamente a un agente como jefe. «Lamentablemente, vamos a tomar medidas judiciales, de nuevo, contra esta decisión. Somos policías y tenemos que denunciar todos los hechos delictivos que detectamos», manifestó entonces, en abril. El denunciante quiso apartar el caso de la guerra judicial abierta entre el SIPLA y el alcalde. «No tiene nada que ver, sólo defiendo la legalidad». Lo que reclama es que el caso se pueda juzgar, «porque hasta ahora no ha podido ser».

Para el alcalde, estas denuncias no se escapan del 'lawfare' –la judicialización de la vida política– en el concejo. Para el denunciante, este proceso está muy alejado de esa pugna, si bien asegura que sólo pide defender los derechos de los profesionales del cuerpo.

El mes pasado, el alcalde tuvo que comparecer, una vez más, ante los juzgados de La Pola para declarar por una denuncia penal presentada por un policía local. Este lo acusa de la presunta comisión de un delito de acoso laboral, prevaricación administrativa y lesiones. Según quienes interponen estas demandas, no les queda otra alternativa ante la actitud del regidor.

El número de procesos en diferentes instancias asciende a 47 relacionados con su labor al frente del Ayuntamiento; son 15 las causas penales. Ninguna ha sido admitida a trámite. ¿Por qué lo denuncian por esta vía? El alcalde tiene su propia explicación: «Se ha judicializado la vida política y este país se ha vuelto ingobernable. Yo tengo que pagar a mi abogado. Si pierdo, me juego el puesto, pero ellos tienen letrado del sindicato (SIPLA), justicia gratuita y, si pierden, no les pasa nada. Llevan las causas por lo penal porque es la única fórmula que tienen para que yo dimita, y eso va en contra de la voluntad de los ciudadanos cuando votan».