La red básica de servicios sociales quebrará en 2016 «si el Principado no paga 22 millones»

«Si el Principado no asume el coste, la red local de servicios sociales quebrará. El 1 de enero de 2016 desaparecerán los servicios de proximidad de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes». El aviso lo realiza la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales que, además, lo acompaña de cifras: «Se necesitan 22 millones de euros para que el año que viene se puedan seguir ofreciendo a los ciudadanos de los pequeños consistorios los servicios sociales básicos». Así sucederá porque tras las uvas que marcarán el final de 2015 entrará en vigor la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. La que aprobó en 2013 el Ejecutivo de Mariano Rajoy y contra la que han acudido al Tribunal Constitucional tanto PSOE como IU y UPyD.

Esa normativa deja claro que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, 71 en Asturias, no tendrán competencias en servicios sociales. Eso significa que todas las necesidades básicas que cubren ahora los consistorios -ayuda a domicilio, pagas de emergencia, programas de mayores, de discapacidad, gestiones de dependencia y protección a menores- quedarán anuladas. Solo podrán prestar algunos servicios los siete concejos asturianos que superan el corte poblacional -Gijón, Oviedo, Avilés, Castrillón, Siero, Mieres y Langreo-, mientras que el resto quedarán centralizados en la sede ovetense de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda.

Encomienda de gestión

«Será la quiebra total del sistema. Si no están rápidos en solucionarlo, volver a ponerlo en marcha otra vez costará muchísimo», explican Esperanza Calderero y Belén Murillo. Ambas, no obstante, están esperanzadas con el compromiso alcanzado con la titular de Bienestar, la socialista Graciela Blanco.

Según las portavoces del ente que aglutina a los profesionales de los servicios sociales de la región, «la consejera nos dijo que el Gobierno regional aportará los 22 millones de euros necesarios para el mantenimiento de la red básica de servicios sociales». En un paso más allá, ambas aseguran que Blanco comprometió «que el Principado garantizará la atención y el acceso a la red a todos los ciudadanos».

Una posición que tanto la propia Blanco como la diputada asturiana en el Congreso de los Diputados María Luisa Carcedo defendieron la pasada semana ante los medios de comunicación, tras conocer el informe sobre el Estado Social de la Nación elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Bienestar también asume como válido el informe que, hace un mes, la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales le puso sobre la mesa. Un documento que ha encontrado eco «en uno propio que solicitó la consejería a la Universidad de Oviedo».

En palabras de las portavoces de la plataforma, «el informe de la Universidad confirma la necesidad de la inversión, aunque apuesta por la creación de consorcios municipales para articular la red básica de servicios sociales». Una propuesta que, en palabras de ambas, «no es la que quiere la consejería».

Lo que sí parece tener claro Bienestar es cómo evitar legalmente la quiebra de la red local. Será, según la plataforma, «con una encomienda de gestión», lo que facilitará que el ayuntamiento gestione unos servicios que financiará el Principado.

Para ambas, la decisión debe tomarse «cuanto antes», porque «la crisis está causando estragos». Como ejemplo, aseguran que «cada vez más colegios ofrecen ducha a los alumnos que viven en casas sin agua caliente. Esa es la situación que nos encontramos cada día». Este tipo de situaciones llegan a quebrar la voz de Calderero. «Estamos dando pasos atrás de una forma impresionante. Vemos ahora casos como los que de hace treinta años».