«Seis miembros de una familia viven con 334 euros desde 2013 a la espera del salario social»

Además de reclamar inversión para evitar la quiebra de la red básica de servicios sociales, la 'marea naranja' de profesionales del sistema público asturiano también se ha marcado el objetivo de mejorar una de las prestaciones claves en la actual crisis económica: el salario social.

Tal y como adelantó EL COMERCIO, un informe de este ente revela que, actualmente, el Principado 'penaliza' a los beneficiarios del salario social que encuentran trabajo. Lo hace porque, al concluir ese empleo, volver a recibir la renta mínima supone, como poco, un año de espera. «Cuando no mucho más. Tenemos a una familia, formada por seis miembros, que vive con 334 euros desde 2013. Están a la espera de que se revise su caso de salario social».

Así lo aseguran las portavoces de la Plataforma en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, Belén Murillo y Esperanza Calderero. Ambas trabajadoras sociales adscritas a la red básica municipal conocen multitud de casos «similares a esa familia». Porque, aunque la Consejería de Bienestar Social dice que ahora son 2.796 los expedientes pendientes de contestar y que el más lejano corresponde a una petición realizada en julio de 2014, «se refiere, solo, a las nuevas peticiones. Nadie sabe, ni ellos mismos, cuántas revisiones tienen pendientes. Pero son muchas».

Pensionistas perjudicados

Por ese motivo, exigen que en el Portal de Transparencia, en el que la Consejería cuelga cada mes las estadísticas del salario social, «figuren también las revisiones. Esa cifra es clave para saber en qué situación se encuentra esta ley». Una normativa que insisten en modificar, «puesto que, ahora mismo, perjudica a las pensiones no contributivas. Y es injusto», aseguran.