El acusado de abusar de una menor tutelada en Gijón, en libertad a la espera de juicio

El Gobierno regional anunció primero que cambiará junto a la Policía los protocolos en casos de fugas, y después que aumentará el presupuesto de los centros de acogimiento de menores y reforzará sus plantillas. Todo ello pese a que en reiteradas ocasiones, y a preguntas de este periódico, la consejera de Derechos Sociales, Marta del Arco, negó que hubiese problemas en los centros. Ha tenido que explotar un caso de abusos a cinco menores con doce detenidos para que se tomasen medidas. Pero no es el único.

Sigue abierto el caso de un gijonés de 23 años que fue detenido el pasado 13 de septiembre. En un registro realizado en su domicilio aparecieron diferentes drogas y, en sus dispositivos informáticos, múltiples imágenes que podrían describirse como pornográficas, con varias jóvenes, algunas aparentemente también menores de edad. Al menos una de ellas, tutelada por el Principado, según desveló EL COMERCIO.

El presunto agresor, tras una vista realizada esta misma semana, ha quedado en libertad a la espera de juicio y tiene una orden de alejamiento de la menor. El juzgado considera que no hay riesgo de fuga al estar cumpliendo un programa de desintoxicación de estupefacientes en un centro asturiano, y no haber reincidido. Sin embargo, en el auto de diligencias previas se le considera presunto responsable de un delito de corrupción de menores: la juez cree acreditado que la víctima –una menor tutelada por el Principado que entonces tenía 14 años– y el acusado mantenían relaciones sexuales «a cambio de suministrarle sustancias estupefacientes y medicamentos».

Su madre interpuso una denuncia por violación tras aparecer la niña en estado comatoso tirada en un portal de Gijón. La defensa mantiene –«tal y como reconoció la propia menor»– que las relaciones fueron consentidas. Algo que para la acusación particular –el Principado, responsable de la tutela de la menor, no estuvo presente en la vista– no exonera al acusado de su responsabilidad.

Este mismo joven no solo había sido acusado en julio de 2022 de un delito prácticamente idéntico, con otra menor de 14 años fugada de un centro dependiente del Principado, sino que la Policía Nacional le detuvo en relación a un «grupo criminal» organizado que se dedicaba, presuntamente, a falsificar recetas médicas para obtener medicamentos con los que traficaban y elaboraban productos estupefacientes. Este gijonés formaba, según los investigadores, parte de una trama en la que hubo, al menos, otros tres detenidos. El caso sigue en proceso de instrucción. Puede ser el siguiente que estalle en Asturias y vuelva a poner el foco en los centros de acogida de menores, porque el grupo se dedicaba a «captar a menores para iniciarlos en el consumo de estupefacientes».

Para ello, según recoge el atestado policial al que ha tenido acceso EL COMERCIO, «utiliza un local que no está abierto al público, donde da alojamiento a jóvenes y menores que se encuentran fugadas de su domicilio o del centro en el que deben de estar internadas». Concluyen los investigadores que «estas menores fugadas y en situación de desamparo carecen de medios económicos, por lo que el acusado podría, presuntamente, solicitarles u obligarles a mantener relaciones sexuales a cambio de facilitarles las sustancias y acogerlas en su local». Se desconoce, de momento, cuántas pueden estar afectadas.

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