El Principado cambia el modelo de atención a menores tras el escándalo de la red de abusos

Ese fue el compromiso alcanzado ayer por la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, con el comité de empresa de la consejería. Una cita urgente fijada después de que el martes la Policía Nacional diera a conocer la operación de desmantelación de la red y de que EL COMERCIO se hiciera eco, el pasado mes de marzo, de las denuncias de varios padres de menores tutelados por el Principado y que hacía meses se habían fugado de los centros.

«Que no se asocie que haya gente desaprensiva que abuse de gente débil a que se necesite más personal en los centros. Esto –por la red que obligaba a estas menores a prostiturise– pasó fuera del centro. Las menores no están presas, sino que están en un hogar alternativo donde intentamos recomponer su autoestima y reintegrarlas a la sociedad», explicó la presidenta del comité de empresa. Élida Vázquez reconoció que «el cambio de modelo sí se ha acelerado con lo ocurrido», pero recordó que «nosotros llevamos tiempo reclamando más plantilla».

De lo hablado ayer, la confirmación de que se está instaurando un nuevo modelo de atención, que conlleva cursos de formación «que la plantilla lleva dos años haciendo», así como la adaptación de los edificios. Aunque las obras de los dos primeros en marcha, Villa Paz, en Gijón, y Pilares, en Oviedo, están muy retrasadas.

«A la consejera le hemos dicho que se pelee con quien se tenga que pelear para que tengamos más personal y presupuesto», resumió la presidenta del comité, que también apuntó otro cambio: «Estas reuniones pasarán a celebrarse cada dos meses».

Mientras la consejera se reunía con el comité, el portavoz del Gobierno regional, y también consejero de Hacienda, Guillermo Peláez respaldó las actuaciones de Marta del Arco. «Nos remitimos a lo que está haciendo la consejera, puesto que fue la consejería la que denunció y, ahora, está informando con trasparencia».

Y entre los expertos en infancia, «disgusto», «preocupación», incluso «horror» son algunos de los calificativos utilizados por los portavoces de entidades especializadas en Infancia, como Albéniz o Identidad para Ellos y desde el Colegio Oficial de Trabajo Social De Asturias (COTSA). Desde la primera, Javier Vicente quiere destacar que «el sistema funcionó, ya que fue la consejería fue la que denunció lo que estaba ocurriendo», pero sin dejar de defender que «hay que mejorar».

Porque, como apunta Marcos Madrigal, extutelado por el Principado y fundador de Identidad para Ellos, la ONG que trabaja con personas que vivieron en centros de acogida de la región, «hay que trabajar más con las familias, hacer comunidad». Explica él que «los menores que pasan al sistema de protección lo hacen porque en sus familias había problemas. Hay que trabajar con ellas antes de tomar una decisión tan drástica como ir a un centro».

Y sabe lo que es eso. «De repente, llegas a un centro donde no conoces a nadie, lejos de tu familia que, aunque no fuera la mejor, era la tuya». Una red que los menores tutelados «no quieren perder» y que la Administración debe volcarse en mejorar. «Que sepan que están seguros, ayudarlos a llevar adelante su proyecto de vida». Algo para lo que, insiste, «es necesario trabajar con las familias», para lo que plantea la entidad «que haya unidades de apoyo familiar en cada barrio». Unas unidades en las que podrían formar parte profesionales de trabajo social. Su colegio profesional, COTSA, hizo público ayer un comunicado en el que no solo condena sino que resalta «la gravedad de lo sucedido» y exige que «además de la investigación policial, proceda a una revisión administrativa que dé luz a las fallas del sistema de protección a la infancia asturiano para reducir riesgos futuros».

Hermético, pero no parado. El Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo mantiene abierta la instrucción de la operación policial que se saldó con doce hombres adultos, de edades entre 26 y 44 años, detenidos acusados de abusar sexualmente y prostituir a cinco menores, de edades entre los 13 y los 17 años. Niñas que vivían en centros de protección ya que su tutela correspondía, y corresponde aún, al Principado.

De los doce detenidos, dos lo fueron en Madrid y no han entrado en la causa abierta en Asturias. La Policía Nacional puso a disposición del juzgado ovetense a diez hombres, dos de nacionalidad española y, el resto, subsahariana, a los que acusan de poner en marcha y participar en una red de explotación sexual de menores.

En estos momentos, uno de ellos está ya en prisión, tras aceptar la Sección Tercera de la Audiencia Provincial el recurso presentado por la Fiscalía. El Ministerio Fiscal logró, también, imponer medidas cautelares especiales para cuatro de los otros nueve acusados. Todos ellos están en libertad provisional, aunque se les ha retirado el pasaporte y deben acudir al juzgadocada quince días.

La Policía Nacional informó de que los dos cabecillas, ambos susaharianos, no solo agredían sexualmente a las menores, sino que ejercían como proxenetas, consiguiéndoles clientes a cambio de un pago económico. Entre los detenidos, algunos ya tenían antecedentes por hechos similares. Es decir, como autores de agresiones sexuales a menores.