El alcalde de Somiedo defiende su honradez en la gestión municipal

El alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández, defendió ayer su honradez y la ética de su gestión municipal durante el juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Oviedo. La Fiscalía del Principado de Asturias solicita tres años de prisión y un total de dieciséis años de inhabilitación para elregidor por un delito continuado de prevaricación y otro de falsedad documental.

El ministerio fiscal sostiene que el regidor somedano mantuvo una actuación irregular y fuera de los cauces administrativos al no abrir un expediente esclarecedor sobre la denuncia presenrada por un vecino, usuario del servicio de taxi en Somiedo, acerca de la falta de información sobre las tarifas aplicables en el concejo.

El denunciante sostiene que presentó varias solicitudes de información en el verano de 2016 ante el Ayuntamiento de Somiedo para conocer las tarifas del taxi al comprobar que había una diferencia en los precios de hasta el 300% en cuatro recorridos que había efectuado en distintos días. Por ello, quería conocer lacausa de dichos desajustes y cuál era la tarifa correcta a aplicar. Una consulta que, el vecino, afirma que fue a título informativo.

Al no haber tarifas aprobadas, Fernández alegó que en Somiedo regía la normativa del Principado con la especificidad de que se trataba de un municipio de montaña. Este hecho ha llevado a la Fiscalía a solicitar la condena del alcalde alegando que no existe tal especificidad y siendo su contestación una «falta a la verdad de forma dolosa», siguiendo un criterio «obstinado» por imponer su propia voluntad. Para la Fiscalía, el regidor pretendía crear «confusión», al no ofrecer al vecino una contestación «clara».

Fernández defiende que respondió a las peticiones de información de la parte demandante y justificó la frase sobre la especificidad de Somiedo como un municipio de montaña al afirmar que era un tema «semántico, una mera expresión coloquial», sin que ello supusiera ningún tipo de incremento sobre las tarifas del taxi.

El abogado defensor, Carlos Álvarez, ha solicitado la libre absolución al corroborar que el denunciante no llegó a reclamar a los taxistas, ni pidió tarifas, ni presentó facturas o tickets, ni documentos que respalden su denuncia, por lo que, dijo, es imposible que se pudiera abrir expediente administrativo alguno.

Fernández siente «un dolor inmenso» por esta imputación después de 33 años administrando dinero público, 26 de ellos como alcalde de Somiedo. «La honradez es la mejor política», afirma. No se considera un prevaricador, sino «un tío honrado y ético y esto es sentirse despreciado y ninguneado». Confía en que la Audiencia le absuelva y archive la causa, «un caso como este debería acabar en una oficina del consumidor y no en un juicio penal».