Alquilámoste, la iniciativa asturiana para impulsar el alquiler de pisos privados

Alquilámoste es una iniciativa que impulsa el Principado para animar a los propietarios de pisos vacíos a poner sus viendas en alquiler. Para ello, el propietario cede al Gobierno regional su inmueble, que es quien fijará un precio. La Administración autonómica asegura al propietario de la vivienda el pago del alquiler, ejerciendo de avalista. Es decir, el Principado se hará cargo de la deuda en caso de impagos y, además, de los desperfectos que puedan causarse.

Se trata de un modelo basado en iniciativas ya llevadas a cabo en Navarra y País Vasco, con buenos resultados. En el caso de esta última comunidad, ya son 7.000 las viviendas privadas que se han puesto en alquiler bajo este sistema de tutela pública. Zapico no se aventuró a dar datos sobre cuántas viviendas espera que en Asturias puedan acogerse a este sistema, «puesto que el año próximo será en su gran parte para el desarrollo del decreto» que regulará su funcionamiento. Precisamente sobre este último asunto explicó que el objetivo es que esa decreto pueda estar listo en los primeros meses de 2025.

La vivienda es uno de los pilares del prespuesto autonómico del próximo año. Así, la Consejería de Ordenación del Territorio destinará el 88% de su presupuesto a este área. Estos recursos permitirán prácticamente duplicar la partida que se destina anualmente al mantenimiento y conservación de los inmuebles de Vipasa, que pasa de los 3.400.000 euros de este ejercicio a los 6.619.040 del próximo. «Queremos ser una referencia en las políticas de vivienda en el conjunto de España», dijo el consejero.

Otras de las partidas con más dinero son la de rehabilitación de fachadas (25.304.108 euros) y la dedicada a la mejora de la envolvente térmica para edificios en barrios residenciales (20.396.398 euros). Las ayudas para mejorar el acceso a la vivienda contarán con un presupuesto de 15.160.394 euro.

En términos globales, la cifra consignada para facilitar el acceso a la vivienda asciende a 17.007.280 euros, de los que 12.429.042 corresponden a ayudas al alquiler y 4.578.238, a financiar el Bono Alquiler Joven.

Favorecer la colaboración intermunicipal, tanto en el área central como en las alas, es uno de los principales objetivos en este ámbito. Así, en 2025 se materializarán los acuerdos establecidos este año respecto a las Áreas de Colaboración Intermunicipal (ACIs) y se analizarán nuevas fórmulas de colaboración, con 550.000 euros de presupuesto.

La dirección general dispondrá de 3.152.639 euros (un 13,24% más) y uno de sus principales cometidos será la redacción final de la nueva Ley de Ordenación Integral del Territorio (LOITA), con un presupuesto de 26.650 euros, y cuya tramitación parlamentaria está prevista para 2025.

La partida prevista para ayudas a los municipios para la redacción de planes generales de ordenación alcanza los 600.000 euros.

El presupuesto de esta Dirección General crece un 46%. El incremento se concentra principalmente en inversiones reales. En este contexto se enmarca la elaboración de planes urbanísticos y de ordenación del litoral, tales como el plan territorial especial del estuario del Nalón y la Estrategia del Bajo Nalón, ambos con un presupuesto plurianual de 180.000 euros, de los cuales 80.000 corresponden a 2025.

No obstante, el crecimiento presupuestario responde, sobre todo, a que algunas actuaciones en marcha alcanzan ahora la fase de ejecución de obras. Este es el caso del acondicionamiento del parque playa de Verdicio, con un plazo de seis meses y un presupuesto de 3.400.000 euros, de los que cuales un millón corresponde a 2025.

También destacan los trabajos vinculados a la futura construcción de dos sendas en la costa oriental: Villaviciosa-El Puntal (150.000 euros) y Vistalegre, en Colunga (505.350 euros). El acondicionamiento de un trazado alternativo para la senda del Tranqueru (Carreño) sobre un antiguo trazado ferroviario dispondrá de 40.000 euros. Por su parte, el Plan Especial de Reforma Interior de la ciudad residencial de Perlora contará con 100.000 euros.

Esta Dirección General gestionará 3.233.719 euros en 2025, un 5,95% más que este año (3.052.044). Con la intención de facilitar la participación juvenil, la partida destinada a las sedes del Instituto Asturiano de la Juventud y de la Sala Borrón pasa de 54.000 a 100.000 euros. Además, se reservan 175.000 euros para la reparación integral del albergue de Bustiello, en Mieres.

La partida para apoyar a los consejos locales de la mocedá sube de 50.000 a 60.000 euros y se potencia la promoción del talento juvenil con el programa Culturaquí, dotado con 180.000.

El presupuesto de este departamento se incrementa un 80,56%, al pasar de los 586.000 de este año a los 1.058.120 del próximo. «Por primera vez en Asturias la Memoria va a superar el millón de euros, lo que permitirá saldar una deuda histórica con las víctimas del franquismo», indicó Ovidio Zapico.

La colaboración con la Universidad de Oviedo para efectuar exhumaciones, análisis del banco de ADN y digitalizar expedientes de víctimas del franquismo tendrá una dotación de 350.000 euros.

Una de las novedades es la nueva línea de apoyo a las iniciativas de entidades municipales vinculadas con los lugares de la memoria, con una cuantía de 100.000 euros.

El desarrollo de las leyes de Participación y LGTBI, así como las ayudas para apoyar al tejido asociativo, a las personas con discapacidad y al colectivo LGTBI, y las campañas de divulgación, entre otras, recibirán 3.399.620 euros, un 15,33% más respecto a los 2.947.640 euros del anterior ejercicio.

Para poder poner en marcha el Consejo de Transparencia y la Oficina Anticorrupción se reservarán 80.000 euros.

El presupuesto de esta dirección general se sitúa en 2.057.230 euros e irá destinado fundamentalmente a los centros de formación para el consumo (200.000 euros), al apoyo de actividades municipales para la defensa de las personas consumidoras (150.000 euros) y a las ayudas a asociaciones (60.000 euros).

El principal incremento se registra en la partida destinada a campañas informativas, que pasa de 6.000 a 86.000 euros, con el objetivo de informar y concienciar sobre los abusos en materia de vivienda y los perjuicios de las bebidas energéticas. En este sentido, se reservan 30.000 euros para contratar la asistencia jurídica para la elaboración de la futura ley que regulará el consumo y compra de estas bebidas.

El presupuesto para el desarrollo de las políticas de la Agenda 2030, con potente carácter municipalista, sube un 67,93%, al pasar de los 573.600 euros de este año a los 963.270 del próximo.

En este marco, se destinarán 200.000 euros a financiar proyectos de desarrollo sostenible en el ámbito local y otros 50.000 para asesorar a los ayuntamientos sobre el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), lo que les permitirá obtener fondos europeos.

Asimismo, se ofrecerá asesoramiento a las entidades locales sobre los ODS y el impulso de las áreas funcionales a través de la Cátedra Concepción Arenal de la Universidad de Oviedo, para lo que se recogen 50.000 euros en las cuentas.