Ardines «no pudo defenderse, tan solo colocar su brazo derecho como escudo»

Cien años de cárcel por el «asesinato con alevosía y mediando precio» del concejal de Llanes Javier Ardines. Tanto la Fiscalía del Principado como la acusación particular, que ejerce la familia del edil, solicitan condenas de 25 años de prisión para cada uno de los supuestos implicados en el brutal crimen: Pedro Nieva, considerado el inductor; Jesús Muguruza, cooperador necesario, y Maamar Kelii y Djillali Benatia, coautores materiales de la muerte.

En el escrito de acusación que ya presentó ante la titular del Juzgado de Instrucción de Llanes, la fiscal considera probado que Nieva, casado con Katia Blanco, prima de la mujer de Ardines, descubrió en diciembre de 2017, mediante una grabación, que su esposa y el concejal mantenían una relación sentimental. Desde ese momento, «con el fin de controlar» a Katia y «ante el temor de que esta tuviera algún otro encuentro sexual con el fallecido, visitó tiendas 'online' de venta de objetos de videovigilancia encubierta, micrófonos, dispositivos de vigilancia y de seguimiento para vehículos y otras destinadas a la realización de pruebas de ADN para determinar la paternidad».

Asimismo, continúa el escrito, en julio de 2018, «ante la proximidad de la época estival y sabedor de que su mujer pasaría el verano en una casa familiar próxima a la de Ardines», Pedro Nieva «tomó la decisión de acabar con la vida» del concejal. Para ello le pidió a Jesús Muguruza que buscase a alguien que pudiera llevar a cabo el asesinato, planteando este el encargo a Djillali Benatia. Una vez acordado el precio, el argelino decidió actuar junto a su compatriota Maamar Kelii.

El 27 de julio de 2018 Nieva y Muguruza llevaron a Benatia hasta Belmonte de Pría (Llanes), donde residía la víctima, para enseñarle la zona y planear el asalto. El presunto sicario regresó con su compinche en la madrugada del 1 de agosto, pero Ardines sorteó la valla que habían atravesado en el camino y continuó su marcha hacia el puerto de Llanes.

Ante las dudas manifestadas por Benatia tras este 'fracaso', Nieva le ofreció más dinero, por lo que el 16 de agosto los dos argelinos regresaron «a las cuatro y media de la mañana, con tiempo suficiente para preparar una emboscada mejor», y esta vez sí llevaron a cabo el encargo. Colocaron tres vallas -«para asegurarse de no fallar e incrementar el tiempo disponible»- que obligaron a Ardines a bajarse de la furgoneta y entonces le rociaron con espray de pimienta, le golpearon con un bate en la cabeza y le asfixiaron hasta la muerte. La víctima, señala la fiscal, «no pudo defenderse, tan solo colocar de forma intuitiva su brazo derecho como escudo». Su cuerpo fue encontrado a las ocho de la mañana por un vecino que paseaba a su perro.

Tras seis meses de ardua investigación, el 19 de febrero de 2019 los presuntos autores del crimen fueron detenidos -Kelii estaba preso en Suiza- y desde entonces permanecen en la cárcel. La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de asesinato y, además de los 25 años de cárcel, pide diez de libertad vigilada y la prohibición de acercarse o comunicarse con la familia de la víctima. Asimismo, solicita que los acusados indemnicen a la viuda de Javier Ardines con 113.000 euros, a su hijo con 30.000 euros y a su hija con 25.000, puesto que ella era independiente económicamente en el momento de los hechos. La acusación particular, que lleva el letrado Antonio Pineda, eleva esta petición a 400.000 euros -200.000 para la viuda y 100.000 para cada hijo-.

Una vez las defensas presenten sus escritos, y si no se solicitan nuevas diligencias, el procedimiento pasará a la Audiencia Provincial.