Asturias conserva aún veinte viviendas en la actual franja costera de dominio público

Los cambios más sustanciales son, por un lado, que establece en un máximo de 75 años la duración de las concesiones de instalaciones levantadas a pie del mar, en el dominio público y, por el otro, que aplica un criterio más estricto a la hora de fijar precisamente esa franja de máxima protección.

La primera medida busca adaptar el nuevo reglamento a lo establecido en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en lo que se refiere a los plazos de las concesiones para impedir que viviendas, restaurantes o industrias que estén afectadas por la franja de dominio público marítimo terrestre, o puedan estarlo en el futuro ante posibles revisiones de la misma, ocupen la costa durante un siglo. Plazos excesivos a ojos del departamento que encabeza Teresa Ribera, que se están permitiendo en otras comunidades, pero no en las viviendas afectadas en el Principado.

En la costa asturiana hay en la actualidad una veintena de edificios emplazados en esta franja de máxima protección, estando la mayor concentración en la playa de Otur, en el concejo de Valdés, y en la zona de la ría de Villaviciosa, pero ninguno con concesiones de más de 75 años. Además, debe tenerse en cuenta que los puertos de Gijón y Avilés, con mayor actividad industrial, no están afectados por este tipo de restricciones, puesto que no estarían regulados por Costas, sino por la ley de Puertos.

La segunda medida de calado que recoge el nuevo reglamento para el desarrollo de la Ley de Costas supone, en la práctica, recuperar el criterio establecido en el reglamento de 1989 para fijar el alcance del dominio público marítimo-terrestre.Exactamente, el máximo nivel de penetración en la línea de costa que logra en algún momento una ola, aunque ese límite se alcance en una sola ocasión.

Con la modificación del reglamento en 2014 el criterio se relajó de forma notable ya que el límite se establecía una vez que fuera alcanzado por las olas «al menos en cinco ocasiones en un periodo de cinco años». Esto debería suponer, en la práctica, una ampliación notable del deslinde de toda la costa española, con las pertinentes consecuencias socioeconómicas para las áreas afectadas, y las construcciones que pudieran estar allí asentadas.

Sin embargo, en Asturias no se prevé que a corto o medio plazo este cambio de criterio pueda tener repercusión real. ¿El motivo? El Principado tiene prácticamente deslindada toda su costa gracias al trabajo realizado por Demarcación de Costas en las décadas de 1990 y 2000 y, por lo tanto, siguiendo los criterios fijados en el reglamento de 1989, igual de restrictivos que los actuales.

Hoy por hoy, de hecho, Demarcación de Costas no tiene sobre la mesa ninguna previsión de revisión de deslinde, pero esto no es óbice para que, en el futuro, la costa asturiana se deba someter a una actualización de esta franja como consecuencia de la incidencia del cambio climático. No solo por el evidente incremento de nivel mar, sino también por la mayor virulencia de los temporales.