El Ayuntamiento de Castrillón alerta a la Fiscalía del Menor de riesgo de hacinamiento en la escuela de surf sin licencia en Salinas
El inmueble consta de 229 metros cuadrados construidos como vivienda, en los que se alojarían más de 70 personas
La escuela de surf de Salinas en la que el pasado viernes fueron identificados 71 menores que se encuentran alojados en el inmueble sin licencia cuenta con 229 metros cuadrados constituidos como vivienda en los que se alojaría a más de 70 personas, lo que aumenta el riesgo de que se estén produciendo condiciones de hacinamiento. Así consta en el informe policial que durante este lunes el Ayuntamiento de Castrillón va a trasladar al juzgado y a la Fiscalía del Menor.
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Pese a que el pasado viernes la Policía Local realizase una intervención para identificar a las personas alojadas en el inmueble de la calle Bernardo Álvarez Galán de Salinas, que se anuncia como escuela de surf aunque no tiene licencia para esta u otra actividad, los hechos se remontan a julio de 2023 cuando se da inicio del expediente a partir de una denuncia de la Guardia Civil a un establecimiento que presuntamente realiza una actividad careciendo de licencia, declaración responsable o comunicación previa.
Un informe de la Oficina Técnica constata que no consta sobre el inmueble de Bernardo Álvarez Galán 1 licencia o título habilitante para el desarrollo de la actividad de Albergue Turístico, Escuela de surf, o actividad de ningún tipo, debiendo usarse en inmueble conforme a la Licencia de primera ocupación para el uso vivienda concedida.
Tras llevarse a cabo dos informes de la Policía Local constatando la actividad del inmueble en agosto de 2024 se ordena por resolución de Alcaldía la paralización de la actividad. En octubre de ese mismo año un informe de la Policía Local constata el cierre del inmueble y la ausencia de actividad en el mismo.
En noviembre una Resolución de Alcaldía deja sin efecto la declaración responsable e insta a los responsables a presentar en el plazo de dos meses solicitud de licencia de cambio de uso del inmueble a modo de legalización. Todas las resoluciones han sido trasladadas a Guardia Civil y Consejería de Turismo.
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En mayo de este año la Policía Local comprueba que la actividad sigue en curso en el inmueble y el pasado junio se recibe un escrito de la Consejería de Turismo en el que se informa de que «dicho establecimiento no figura inscrito en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas, por lo que no pueden ejercer actividad turística alguna, actuando de manera ilegal, al margen de la Ley 7/2001, de 22 de junio». Ante esta situación el 12 de junio por Resolución de Alcaldía se acuerda el precinto de la actividad en ejecución forzosa del acuerdo de paralización y fechando dicho precinto para el 30 de junio. Asi mismo, se acuerda el corte de suministros como medida cautelar. Días después la Consejería de Turismo comunica que inicia el expediente sancionados tras una visita de Inspección al establecimiento.
La tramitación de estos documentos deberá hacerse mediante un contencioso-administrativo, lo que, debido a los largos plazos, permitiría que el inmueble siguiese teniendo actividad durante la temporada estival. Dada esta situación y con el fin de evitar que se dilate la actividad en el tiempo, el Ayuntamiento de forma paralela ha enviado un informe más exhaustivo a la Fiscalía del Menor solicitando la adopción de «medidas urgentes» para el cese de la actividad. El informe está además acompañado de un vídeo en el que se ve a los menores dentro de las instalaciones.
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A finales de junio personal de la Oficina Técnica Municipal y Policía Local intentan acceder al inmueble cuyos responsables, según informa el Ayuntamiento, no permiten el acceso al mismo, niegan que exista un albergue y aseguran que el inmueble es la vivienda habitual de una vecina, que aparece en los informes policiales como empleada, y que esta persona permite el uso del inmueble a una asociación «sin ánimo de lucro».
La Policía Local pedirá un registro de socios a la escuela que asegura operar como un club de surf. «La Policía Local no tiene competencias para desalojar el establecimiento y tampoco para cerrarlo aunque sí que se le ha trasladado en varias ocasiones la orden de cese de actividad, pero para un desalojo o cierre es necesaria una orden judicial, que puede ser trasladada tanto a la Policía Local como a la Guardia Civil. De momento esta orden no existe. Por tanto, ni el desalojo ni el cierre se han llevado a cabo», señalan desde el Ayuntamiento. El inmueble, por el momento, sigue con su actividad.
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