Cofiño pide «tomar buena nota» sobre la sentencia del Constitucional en relación a las comisiones de investigación

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que condena a la Junta General y ampara a Argentina Cuendias, empleada de la empresa pública Gestión de Infraestructuras Públicas de Telecomunicaciones del Principado de Asturias (GITPA), porque tanto el proceso indagatorio como las conclusiones de la comisión de investigación sobre esta empresa aprobadas por el Pleno de la Cámara vulneraron su derecho a la presunción de inocencia, debería servir para «tomar buena nota» dentro del Parlamento asturiano. Así lo entiende el recién elegido presidente de la Cámara asturiana, Juan Cofiño, quien coincide con el tribunal al señalar que debe haber una clara separación entre los distintos poderes públicos y diferenciar el ámbito legislativo y parlamentaria con el judicial. «Debemos de tomar nota, los parlamentarios y la Junta en su conjunto, de que los debates no pueden desbordar algunos ámbitos. El tribunal lo dice, y lo dice bien, que hay que respetar el ámbito judicial y que cada poder del Estado tiene sus competencias», declara. Asume Cofiño, tal y como recoge la sentencia, que la comisión de investigación llevada a cabo en 2017 en la Junta General «invadió el campo reservado al poder judicial con lesión de los derechos de algunas personas» e, internamente, reconoce, «nos toca tomar buena nota» de lo sucedido de cara a futuras comisiones. Cofiño, eso sí, da por cumplida la sentencia con su publicación íntegra en el boletín oficial, si bien no descarta que los afectados puedan ahora iniciar procesos paralelos para reclamar responsabilidades civiles por lo ocurrido.

Sobre el dictamen del Constitucional también se manifestó el secretario general del PP, Álvaro Queipo. El PP fue, junto a Ciudadanos y Podemos, uno de los partidos que aprobaron el polémico dictamen en la legislatura 2025-2019. Queipo defiende que aquellos trabajos se llevaron a cabo con «la mayor de las responsabilidades» por parte de los entonces diputados porque «había preguntas que necesitaban respuestas» y asegura que la labor parlamentaria «se hizo dentro de los propios límites que la Cámara establece» por lo que, declara, «no veo que haya habido ningún acto de mala fe». En todo caso, entiende que toca en los próximos días estudiar la sentencia por parte de la Cámara «porque es una reflexión que responde a la Junta General en su conjunto».

Desde Podemos, otro de los partidos que en su momento respaldó el polémico dictamen, la ahora diputada de la formación, Covadonga Tomé, considera que la resolución del Tribunal Constitucional «invita a una reflexión sobre el funcionamiento de las comisiones de investigación, que debe ser atendida, con el objetivo de evitar posibles daños». No obstante, «realizada esta reflexión formal, y ajustándose siempre a lo legal» entiende que la sentencia «no invalida las comisiones de investigación, que tienen que continuar siendo una herramienta para avanzar en el ejercicio democrático». Por parte de Foro, Adrián Pumares opina que este tipo de comisiones «no pueden atacar a la presunción de inocencia ni convertirse en juicios paralelos» y, por lo tanto, «los diputados que participen en ellas tienen que tener esto claro».