La ciudadana inocente a la que 'condenó' la Junta General
Argentina Cuendias acabó teniendo que recurrir al Constitucional al ver vulnerado su honor y su presunción de inocencia en una comisión de investigación de la Junta
Se vio juzgada y condenada ante la opinión pública por lo que no es un tribunal de justicia, sino una comisión parlamentaria, y tuvo que recurrir al Tribunal Constitucional y sufragarse de su propio bolsillo los gastos inherentes a esta acción de defensa legal. Y lo logró. El pasado 20 de junio, el Constitucional aceptó por unanimidad el recurso de amparo interpuesto por Argentina Cuendias, ciudadana que denunció a la Junta General del Principado por vulnerar su honor y presunción de inocencia, derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
Lo ocurrido entonces en el Parlamento y la decisión, ahora, del Constitucional no hace sino volver a sacar a colación la pertinencia de las comisiones de investigación parlamentarias, toda vez que legalmente no tienen capacidad de condenar (no dejan de ser un órgano del poder legislativo y no del judicial) pero sí que pueden marcar públicamente a una persona con sus conclusiones, que además suelen estar cargadas de interpretación política interesada. En este caso, la sentencia del Constitucional obliga a restablecer el derecho rectificando los diarios de sesiones y publicando el fallo en el BOE. Pero no impone sanción a los responsables de la vulneración, obligación de disculpas, ni compensación económica para la afectada.
El fallo, eso sí, recrimina la vulneración del derecho fundamental ocurrida en las comparecencias que Cuendias tuvo en una comisión parlamentaria como en el dictamen que fue aprobado por el pleno de la Cámara por mayoría simple. Como reparación obliga a la Junta a eliminar expresiones de aquel dictamen y anular todas las referencias que le atribuyan «actos o hechos de trascendencia jurídico-penal» en todos los diarios de sesiones donde aparezcan.
Argentina Cuendias se encontró en medio de una tormenta política y pidió asesoramiento legal, que se le negó
Los hechos se remiten al 'caso Gitpa', asunto que fue tratado como uno de los grandes escándalos de corrupción, pero que tras años de investigación judicial acabó archivado, al no quedar acreditado delito alguno. Hubo profesionales que perdieron su trabajo por el escándalo y Argentina Cuendias ni siquiera fue citada a declarar en sede judicial como investigada.
La historia nace en 2014, cuando el Principado inicia los trámites para cumplir un mandato de la Junta que ordenaba disolver Gitpa. Durante los preparativos dos empleados de la consejería emitieron informes describiendo una larga serie de irregularidades. Sugirieron que existía una doble contabilidad, que la empresa había utilizado dinero del Principado para extender la red de fibra óptica al occidente ocultando que lo hacía por las vías de Feve y que había que pagarle un canon a la empresa ferroviaria por dicha ocupación; se llegó a decir que estaban en riesgo fondos europeos.
PP y Podemos iniciaron una ofensiva, solicitando ceses y denuncias, como la del entonces gerente del Gitpa, que acabó cesado mientras la consejería pasaba el caso a la Fiscalía, quien lo llevó al juzgado.
En 2016 la Junta creó una comisión de investigación sobre el asunto, que duró dos años. Argentina era trabajadora del Gitpa y fue a la comisión en noviembre de 2016 y mayo de 2017. Días antes de que acudiera, un anónimo remitió a sus señorías copia de supuestos correos electrónicos de la propia Argentina.
Parte de los diputados vieron en ellos indicios de amaño de contratos y los pasaron a la Fiscalía. Cuando la tuvieron delante le preguntaron por el contenido de los correos, a lo que la trabajadora dijo no haberlos visto ni saber si eran auténticos y que llegado el caso respondería de ellos si la llamaba para ello el juez de instrucción.
Hasta tres solicitudes
En parte de las preguntas se la vinculaba a supuestos delitos, y misma actitud se repitió la segunda vez que fue convocada. La funcionaria declinó dar más detalles pues entendía que ya lo había explicado todo la primera vez y se acogió a su derecho a no declarar. Teniéndola delante, parte de los diputados fueron enlazando preguntas y argumentos en los que, de nuevo, se la responsabilizaba de amañar contratos. La trabajadora solicitó en tres ocasiones al presidente de la comisión, el entonces diputado popular David González Medina, el asesoramiento del letrado de la Cámara «por entender que se le estaban imputando actuaciones de carácter delictivo, sin embargo dicha asistencia no le fue proporcionada en momento alguno». El dictamen final da por probadas las irregularidades, de las que responsabiliza, entre otras, a Cuendias, pidiendo al Principado que la aparte de su puesto. Lorena Gil, de Podemos, llegó a decir que el quebranto económico era superior al del 'caso Renedo' y Cuervas-Mons acusó a los socialistas de haber «tapado la corrupción». El texto salió adelante porque lo respaldó también Ciudadanos, siendo su representante en la comisión Armando Fernández Bartolomé. Jesús Gutiérrez, Ovidio Zapico y Pedro Leal, por parte de los grupos socialista, IU y Foro, votaron en contra del dictamen y no vieron delito alguno.
Así las cosas, la funcionaria escribió a la Junta General solicitando se retirara del boletín las expresiones que desde el orden político le atribuían delitos, recordando jurisprudencia del Constitucional. Le fue denegada la solicitud, lo que la llevó a costearse abogada (Ana Boto) y procurador para defender su reputación ante el propio Constitucional. Han sido cuatro años de batalla judicial en la que el letrado de la Junta esgrimió que el recurso llegaba tarde y que no hubo lesión a derecho fundamental alguno. La sentencia, por contra, desestima dichos argumentos y sienta doctrina.
