Las nuevas restricciones por concejos se adaptarán a cada circunstancia concreta

El nuevo modelo asturiano de medidas también trae consigo una redefinición sobre qué hacer ante un repunte de la incidencia. No se ha querido tocar la filosofía del conocido como 'sistema 4+' porque, en palabras de Adrián Barbón, «ha funcionado» pero sí los criterios. La primera diferencia sobre el que aún está en vigor, y que tiene a Llanes en máxima alerta hasta el jueves, es que solo habrá dos grupos: los concejos con más de 10.000 habitantes y los que tienen menos. Asociado a ello, los requisitos de entrada. Para los grandes, se simplifica: una incidencia acumulada a 14 días (IA 14) superior a los 325 casos y si permanecen al menos tres jornadas en el nivel 4 de riesgo según el mapa semafórico del Ministerio de Sanidad; en el caso de los menos poblados no habrá límites prefijados, solo indicadores a tener en cuenta: la tendencia y velocidad en la transmisión de casos, la trazabilidad y la detección de brotes.

¿Qué sucederá si un municipio entra en ese nivel 4+? Según lo explicado ayer por el Gobierno regional, pues depende. «Serán medidas adecuadas, necesarias y proporcionadas a la situación epidemiológica», sin entrar en más detalle. Sí se explicó que serán «intervenciones puntuales y localizadas». Por ejemplo, que un municipio rebase los umbrales fijados no supondrá necesariamente que las restricciones se apliquen a su totalidad. Si se identifica un brote en una localidad específica, un barrio o un bloque de edificios, las medidas se adaptarán a ese caso concreto. «Tendrían que darse unos datos absolutamente incontrolados para activar el cierre perimetral o el toque de queda», subrayó el presidente asturiano.

Aquí es donde entrarán dos actores más en juego. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia. Si hubiera una posible limitación de derechos fundamentales esta circunstancia tendrá que ser consultada al TSJA. Su presidente, Jesús María Chamorro, avanzó la semana pasada que estaban en disposición de tener una decisión sobre las mismas en un plazo de 48 horas. Y, a todo esto, uno más, el Tribunal Supremo. El Consejo de Ministros aprobó ayer un decreto para que las comunidades autónomas lleguen al alto tribunal si los respectivos tribunales superiores de justicia tumban el recorte de derechos. Estas apelaciones -explicó la vicepresidenta Carmen Calvo- podrán ser casi instantáneas por lo que el Supremo podrá establecer una doctrina «en tiempo récord» evitando así la inseguridad jurídica de que la decisión tarde meses en llegar. Es decir, si algún tribunal superior tumba las restricciones, la reforma aprobada ayer permitirá a los gobiernos regionales recurrir de inmediato al Supremo que deberá decidir sobre la primera de las alegaciones y poco después probablemente sobre un segundo recurso, creando así una doctrina.

No parece que este recursos vaya a tarde en llegar. El País Vasco ya ha anunciado que no va levantar el cierre perimetral. O Castilla-La Mancha, que mantendrá el toque de queda.