El Gobierno central acepta la ley de calidad ambiental tras influir en su aplicación

La Ley de Calidad Ambiental, una de las iniciativas estrella del Principado en la pasada legislatura, dentro de lo que denominó su «guerra contra la burocracia», no acabará en el Tribunal Constitucional. Tras una revisión del texto los abogados del estado consideraron que 14 de sus 114 artículos podían colisionar con la normativa nacional, y mismo riesgo detectaron en una disposición transitoria. Como marca el procedimiento, el Gobierno central convocó a la Comisión Bilateral que tiene con el Principado para discutir la cuestión y dio aviso de las discrepancias al Tribunal Constitucional.

Tras meses de negociación, el acuerdo fue ayer publicado en los boletines oficiales del Principado y el Estado. Se da por superada la controversia y el Gobierno central comunica al Constitucional que no impugnará la norma al haber logrado un compromiso sobre cómo se aplicará la ley autonómica y pactar «una modificación o desarrollo normativo» para corregir dos preceptos.

Esta vez el pulso no llega a la vía judicial, evitando así otros más recientes, como el sucedido con algunas de las deducciones que el Principado quería introducir para aliviar los impuestos a determinados negocios afectados por la pandemia. A cambio, doce de los artículos de la norma seguirán criterios interpretativos impulsados por el Gobierno central, con los que buscó preservar las garantías que da la legislación estatal en la materia.

El debate ha sido punto por punto y muy técnico. Así, por ejemplo, la norma aprobada por la Junta General establece que las autorizaciones ambientales integradas ordinarias se deben resolver en un plazo máximo de nueve meses desde que la industria o el emprendedor en cuestión presentó todos los papeles, entendiéndose desestimada si en ese periodo no se ha notificado la resolución. El acuerdo alcanzado obliga a hacer una modificación normativa para respetar que en realidad el margen no pase de los seis meses, tal y como fija una ley estatal de prevención de la contaminación de 2016.

Otro cambio. El texto original indicaba que para peticiones que sólo requirieran una declaración responsable para salir adelante el órgano sustantivo ambiental asumiría más facultades de las que venía teniendo en esa tramitación; el Gobierno central echa el freno y exige que se especifique que su trabajo sólo se incrementará asumiendo la gestión de la información pública y la audiencia a los interesados.

El pacto con el Gobierno central condicionará así el futuro de una norma para cuyo desarrollo reglamentario el Principado había dado ya los primeros pasos administrativos. Se trata de una de las materias más sensibles en el Ejecutivo de coalición, toda vez que IU-Convocatoria por Asturias hizo campaña planteando derogar esta ley autonómica y ahora se dice vigilante para acordar los efectos de su desarrollo reglamentario.