El Gobierno plantea cambiar la ley, en sintonía con el Principado, para frenar los pisos turísticos

«A partir de ahí, van a ser las comunidades de vecinos las que van a poder también participar en este tipo de decisiones, porque este fenómeno, que no es exclusivo de nuestro país, afecta a todo el mundo y a las principales capitales del entorno europeo», explicó Rodríguez. A su juicio, la proliferación de pisos turísticos está colisionando con el derecho y el acceso a una vivienda digna, está elevando el precio de los alquileres y limitando la oferta en el alquiler residencial.

Por ello, celebró que las comunidades autónomas y ayuntamientos estén tomando «cartas en el asunto», poniendo el ejemplo reciente de la decisión del Ayuntamiento de Barcelona de querer eliminar todos los pisos turísticos en noviembre de 2018.

El paso al frente del Gobierno central allana el camino para que salga adelante la reforma de la ley de turismo de Asturias, que se tramita en la Junta General. El borrador establece que para seguir operando o para iniciar el alojamiento de corta estancia, el propietario deberá presentar ante la administración autonómica un acuerdo de la junta de vecinos dando su conformidad por «mayoría». La iniciativa liga la votación a la Ley de Propiedad Horizontal, con una redacción cuya legalidad pusieron en cuestión los juristas llamados por el parlamento asturiano para analizar el asunto. Todo indica que el movimiento del ministerio facilita la coordinación entre ambas iniciativas legislativas y reduce el margen de colisión entre la futura norma asturiana y la estatal.

Por otro lado, los expertos del Consejo General de Economistas (CGE) y de Fedea consideran hay que revisar la ley de vivienda y retormar la reforma de la ley del suelo. Señalan que el problema de la vivienda es un problema de oferta que la nueva ley por el derecho a la vivienda «no solo no ha ayudado a mitigar, sino que lo ha incrementado, al reducir la rentabilidad y aumentar el riesgo de la inversión en inmuebles para su puesta en venta o alquiler».

Según el CGE y Fedea, la protección a los vulnerables no debe recaer en los operadores de mercado, ya que ante la falta de protección e incentivos se reduce la oferta y aumentan los precios. Los que continúan en el mercado tenderán a seleccionar con más cuidado a sus inquilinos. Como resultado, las familias potencialmente vulnerables empiezan a tener muchas dificultades para encontrar vivienda.