El Gobierno fía las restricciones tras el estado de alarma a la buena voluntad de las regiones

El Gobierno central sigue enrocado en su intención de no prorrogar el estado de alarma una vez que decaiga el 9 de mayo. En paralelo, defiende otros instrumentos a disposición de las comunidades para hacer frente al a pandemia. Ayer, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras la reunión del Consejo Interterritorial, recordó que ya existe un documento de acciones coordinadas donde se recogen diferentes niveles de alerta y recomendaciones a aplicar en según qué escenario. Además, puso como ejemplo la coordinación «de obligado cumplimiento» durante la Semana Santa que calificó como «un camino interesante para seguir trabajando en él».

Donde el Gobierno central no parece estar dispuesto a entrar en una guerra frontal con las comunidades autónomas es en la imposición de limitaciones en los eventos masivos tras el fin del estado de alarma. Carolina Darias garantizó ayer que el borrador en el que trabaja la Comisión de Salud Pública sobre la prohibición de concentraciones y actos multitudinarios dependiendo el nivel de incidencia acumulada (IA) provincial va a ser solo una suerte de guía para la actuación de los ejecutivos autonómicos con el fin de homogeneizar las medidas en todo el territorio nacional, pero en ningún caso se va a intentar forzar a las comunidades a seguir esas indicaciones.

Según la ministra, ese informe, que ya ha provocado las suspicacias de comunidades como Madrid en puertas de las corridas de San Isidro, es solo un «documento de actuaciones coordinadas» de carácter meramente «orientativo», que «no incluye actuaciones de obligado cumplimiento». Son solo -dijo Darias- una «serie de guías para las comunidades autónomas» con «indicadores comunes» y «unos niveles de alerta». «Recomendar no es prohibir. Este tipo de eventos es responsabilidad de las comunidades autónomas», apuntó la ministra de Sanidad.

También recordó Carolina Darias que en el Consejo Interterritorial, sin embargo, sí que se pueden cerrar acuerdos como los de perimetrar las comunidades, autónomas, como pasó en los últimos puentes y en Semana Santa, sin necesidad del estado de alarma.

La propuesta primigenia de Sanidad, que está siendo debatida todavía, es establecer cuatro escalones según el riesgo epidemiológico provincial y en función de esa situación sanitaria abrir más o menos la mano con las aglomeraciones con vistas a las vacaciones de este verano en el que no habrá ya estado de alarma. En el caso de Asturias, a tenor de su incidencia actual, se sitúa en el «riesgo alto» (entre 150 y 250 casos por cada cien mil habitantes). Aquí, por ejemplo, en el caso de los eventos se establece que los aforos máximos sean del 50% y 250 personas en exteriores y de entre el 40% y 75% en el interior siempre que haya un asiento de distancia o 1,5 metros de separación en el caso de que no haya asientos fijos entre las diferentes burbujas de convivientes.

En paralelo, el Gobierno regional trabaja en una modificación de la Ley de Salud Pública que tiene previsto llevar al Consejo de Gobierno de mañana y acelerar su tramitación parlamentaria de cara a que esté lista antes del 9 de mayo. Con esta reforma el Principado quiere asegurarse la capacidad de declarar el estado emergencia sanitaria aunque seguirá sin capacidad para limitar los derechos fundamentales, como la movilidad, ya sea de circulación entre territorios o el toque de queda. Otras restricciones deberán de ir acompañadas de informes técnico-sanitarios de la Consejería de Salud.