Argentina Cuendias Empleada de Gitpa

«La Junta General violó los derechos de más ciudadanos, pero no recurrieron»

En 2016 un empleado de la Junta General entró en la empresa pública Gitpa y entregó a cada trabajador una citación. Los diputados de la Comisión de Investigación sobre la sociedad les convocaban con obligación de acudir y decir verdad o exponerse a sanciones penales. Argentina Cuendias se preparó para aclarar las dudas de sus señorías, pero «enseguida» sintió que el objetivo era otro. El Tribunal Constitucional confirma que en aquella comparecencia, otra posterior y en las conclusiones de la comisión le fue vulnerado el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Habla junto a Ana García Boto, la abogada que, con esta, lleva dos sentencia ganadas en el Constitucional.

-¿Satisfecha?

-Nos da la razón, pero llega muy tarde. El recurso lo presentamos hace cuatro años, y han sido cuatro años en los que se ha puesto en duda mi honorabilidad y reputación. De hecho la vulneración sigue.

-¿En qué consiste?

-Hubo dos. Los diputados usurparon la función de los jueces, saltándose la separación de poderes. Valiéndose de su posición y de las obligaciones con las que vas a la Junta, actuaron como jueces y me atribuyeron irregularidades, sin pruebas ni garantías mínimas. Era el legislativo en su función de control, pero debe hacerlo como corresponde.

-¿Cuál fue la segunda?

-Pedí varias veces el amparo del letrado mayor ante lo que estaba oyendo y me lo denegaron. Luego hicieron un dictamen que hace aguas por todas partes, incoherente, y que me atribuye delitos. Sigue publicado.

-El dictamen considera «especialmente grave» su falta de diligencia. «No solo no impidió la comisión de irregularidades sino que las consintió». Ve «incomprensible que por parte de la Administración no se le haya abierto investigación alguna, ni expediente sancionador y lo que es más inconcebible, se mantenga en el mismo puesto». ¿Qué le dijeron sus jefes?

-Que eramos víctimas de una tormenta política. Muchos no aguantaron. Hubo un gerente que al año se marchó. De ocho empleados que éramos, tres lo dejaron, se fueron sin indemnización para dejar de sufrir esto. Al final dañaron mi derecho al honor, pero sobre todo también la reputación de la Junta General, de la que son parte, y encima la sentencia no depura responsabilidades individuales de los diputados.

-¿Gracias a la sentencia?

-Sí. Dice que no se puede dirigir el recurso contra diputados individuales, sino contra el acuerdo de la Mesa o de la Junta. Los diputados no pueden ser perseguidos por sus opiniones, y está muy bien, pero no pueden escudarse en su inviolabilidad para atacar el honor de un ciudadano. Yo creo en las comisiones de investigación, pero bien hechas.

-Parte de las acusaciones que le hicieron a usted se basaban en supuestos 'mails' que habían llegado en un sobre anónimo. -Nunca se me exhibieron. Los habían enviado a la Fiscalía y dije que allí, con todas las garantías, respondería si me llamaban.

-¿La interrogó la Fiscalía?

-Nunca. Ni la Fiscalía ni en el juzgado de instrucción. Ni como investigada ni como testigo.

-La acusaban Podemos y el PP, que estaban personados en la investigación judicial. ¿La acusaron en sede parlamentaria, pero no propiciaron que fuera al juzgado a declarar?

-No sé si ni siquiera lo hicieron, o fue desestimado por el juez. Lo que sé es que ese anónimo lo vio la Fiscalía y no me pidió que aclarara nada. La instrucción judicial se archivó. Nos investigó la Sindicatura, que nos dio la razón. Y la investigación del Tribunal de Cuentas también se archivó.

-En Gitpa, ¿vio irregularidades?

-No. Vi cosas que en un momento y con una legislación nueva pueden interpretarse de una forma y luego hacerse mejor de otra. Pero son cosas de interpretación. Aquí se llegó a decir que faltaba un millón. En la comisión explicamos que ese millón estaba en el documento, apuntado en otra parte. Dio igual. Las conclusiones mantienen que faltaba.

-¿Por qué se metió en esta batalla? ¿Por qué no lo dejó correr?

-Sentí mucha impotencia con la injusticia que sufrí y necesitaba hacer algo. Alguien tenía que parar aquello. En aquellos años vivimos un clima político que facilitó estos excesos y había que ponerles coto. Si no, esto podría volver a pasarle a más gente.

-El Constitucional reconoce que a usted se le vulneró la presunción de inocencia. ¿Fue la única?

-Por supuesto que no. La Junta vulneró los derechos de muchos más ciudadanos de los que allí comparecimos, pero al final no recurrieron. Es una decisión personal. Muchos no quieren pasar por este proceso desagradable y caro.

-¿Es la primera vez que el Constitucional reprueba a la Junta?

-Sí, y nos tememos que quieran darle poca publicidad. Desde el día 20 que se dictó sentencia y salió la nota de prensa, no hemos tenido comunicación ni de la Junta, ni de los grupos, ni de los partidos, ni de los diputados o exdiputados.

-¿Nadie le ha pedido perdón?

-Nadie.

-¿Quién debería hacerlo?

-Como mínimo, la Mesa de la comisión y todos los que participaron en aquello. Hay dos diputados a los que la sentencia se refiere al reproducir sus expresiones. Uno está en la Junta. Lo mínimo es disculparse y reconocer que se equivocó. De caballeros es pedir perdón y tomar nota para que no vuelva a ocurrir.

-Alguno de los que participaron dice en privado que si se equivocó, algún letrado de la Junta tenía que haberle avisado de ello.

-Estamos hablando de que se saltaron el principio de separación de poderes y actuaron como jueces. No necesitas mucha formación para saberlo.

-¿Qué le supuso esta historia?

-Muchos perjuicios familiares y personales. Durante años la Junta dijo que nuestra empresa era lo peor, el sumun de las irregularidades. Profesionalmente, se me tachó de todo. En la Administración notamos que se estableció una especie de cordón sanitario, nos miraban raro, si el río suena... Luego, uno tiene familia, hijos, amigos, que te preguntan que cómo es posible esto...

-¿Le basta el resultado? Al final a lo más que llega esta sentencia es a obligar a la Junta a rectificar su Diario de Sesiones...

-A. C.: Espero que el resarcimiento vaya más allá. Que, por un lado, haya una disculpa pública, y de algún diputado como persona. Y, por otra parte, cualquier violación de un derecho fundamental lleva aparejado un daño moral. Y ese daño moral vamos a estudiar si es resarcible.