La lista de desencuentros entre Barbón y Sánchez crece con el Ingreso Mínimo Vital y el lobo

No había aún estallado la crisis sanitaria cuando el Principado recibía el primer revés por parte del Ministerio de Industria. Tras meses esperando por el estatuto de las electrointensivas como llave para rebajar la tarifa eléctrica de las grandes consumidoras y generar estabilidad en el sector industrial, el documento no colmó en absoluto las expectativas del Principado. Tampoco las de las comunidades vecinas, que presentaron junto a Asturias las correspondientes alegaciones. Que luego estas no fueran tenidas en cuenta fue ya un jarro de agua fría para el presidente del Principado, Adrián Barbón, que en reiteradas ocasiones ha alzado la voz para denunciar la situación que atraviesa el sector en la región y exigir compensaciones.

La situación no fue a mejor cuando saltó la crisis sanitaria y Barbón tuvo que volver a enfrentarse al Gobierno central después de que el 30 de marzo de 2020 se publicara el decreto para el cierre de la actividad no esencial que implicaba paralizar las grandes industrias asturianas. Los servicios jurídicos de la Consejería de Industria hicieron una interpretación del decreto que permitía a los gigantes industriales de la región y a sus auxiliares seguir desarrollando su trabajo en un momento en el que el Ejecutivo de Sánchez pretendía reducir al máximo la movilidad y la Delegación del Gobierno, sin el visto bueno del ministerio, puso el sello que le daba validez. De este modo, y casi in extremis, el corazón industrial de Asturias no llegó a pararse. Aunque la ministra de Industria, Reyes Maroto, asumió horas después la interpretación asturiana del texto, dejando vía libre al resto de comunidades para adoptar la misma postura, de puertas para adentro la maniobra del Principado no gustó.

Aquel fuerte choque entre Asturias y Madrid a causa de la industria no fue ni el primero ni el último a lo largo de esta crisis sanitaria. En su arranque, cuando se detectó el primer caso en un colegio de Oviedo, el Ejecutivo regional presionó para adelantar sus medidas de confinamiento, pero desde Moncloa se refrenaba la iniciativa asturiana. A pesar de todo, el jueves 12 de marzo se decretó en Asturias el cierre de los colegios y el viernes 13, un día antes del estado de alarma, la suspensión de todas las actividades relacionadas con la hostelería, la restauración y el ocio, como se había hecho ya en otras comunidades autónomas. Al día siguiente, Sánchez decretaba el estado de alarma.

Más tarde, Asturias también alzó la voz para exigir cambios en el criterio inicialmente previsto por el Gobierno central para el reparto del fondo covid de 16.000 millones entre las comunidades. No solo reclamó con éxito que se tuviera en cuenta el envejecimiento de la población a la hora de distribuir este dinero, sino también el esfuerzo en prevención que había realizado el Principado teniendo en cuenta el número de pruebas PCR realizadas, y no únicamente los casos positivos, las hospitalizaciones y los ingresos en UCI, como se planteó en un primer momento.

Asturias no parece estar dispuesta a perder ni un céntimo que entienda que le corresponde y, por eso, el pasado mes de diciembre anunciaba la reclamación vía judicial al Ejecutivo central del pago de unos 86 millones en concepto de la liquidación del IVA de 2017. El problema se deriva de una decisión adoptada por el Gobierno del PP que provocó una reducción de la liquidación en aquel ejercicio, pero ahora es el departamento de María Jesús Montero el que se niega a compensar a las autonomías. Son ya varias las que han demandado al Estado y Asturias no se ha querido quedar atrás.

El impuesto por vertidos propuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica que implicaría una carga de 22 millones para Arcelor y Azca tampoco ha gustado en absoluto al Gobierno regional, que entiende que puede traer consecuencias negativas para la industria asturiana. Por ello, anunció su intención de presentar las oportunas alegaciones. El Principado está dispuesto a apostar por la reducción y reciclaje de residuos, pero sin poner en riesgo la actividad industrial.

El pasado mes de noviembre, Asturias pedía una reforma legal para que cada comunidad pudiera ordenar el confinamiento de su población, alentada por los malos datos sanitarios que el Principado registraba en aquel momento. El Gobierno central lo descartó de forma inminente. Tampoco consiguió Asturias adelantar el toque de queda a las 18 horas como reclamó en su día el consejero de salud asturiano, Pablo Fernández.

Con especial vehemencia, el presidente del Principado, Adrián Barbón, defendió la posición de Asturias en defensa de la ganadería asturiana y contraria a la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica respecto a la protección del lobo. Barbón parece dispuesto a dar la cara por el sector ganadero allá donde sea necesario y apostar por su propio Plan de gestión del lobo, que permite el control de la especie. Argumenta que existen resoluciones del partido en esta línea y que no renunciará a los controles de la especie, inviables si finalmente el lobo se incluye en el catálogo de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

El último gran desencuentro entre ambas administraciones se vivía esta semana a cuenta de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). El Principado estudia ya acudir a la vía judicial para reclamar los 34,5 millones que considera le adeuda el Gobierno central. Un dinero que ya abonó a 9.000 familias que venían percibiendo el salario social autonómico, cuyo pago se mantuvo por parte de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar mientras le pasaba los expedientes al Ministerio de Seguridad Social para que asumiera esos casos dentro del nuevo IMV. Ahora Madrid dice que Asturias «no ha certificado» esos 9.000 casos en tiempo y forma. La situación supone una grave amenaza para el presupuesto de la Consejería de Derechos Sociales.