Aplazada la declaración del propietario de la empresa de canoas con la que bajaba el Cares la niña fallecida el pasado verano

La declaración de Jesús M. D. C., el propietario de la empresa de canoas con la que realizaba el descenso del Cares la niña fallecida el pasado 3 de julio, ha quedado suspendida al no poder acudir al Juzgado de Llanes el abogado de la familia de la víctima, que ejerce como acusación particular. La comparecencia del cántabro de 48 años, que fue detenido el pasado 7 de octubre por la Guardia Civil acusado de homicidio imprudente, tendrá lugar el 29 de enero. Ese mismo día también prestarán declaración ante la magistrada llanisca los dos monitores que dirigían la actividad cuando tuvo lugar el accidente. La jueza instructora decidió cambiar la intervención de los dos jóvenes de testigos a investigados tras constatar que «existen indicios de criminalidad respecto a ellos».

El suceso tenía lugar en la tarde del pasado 3 de julio, cuando la joven madrileña de catorce años, quien participaba en un campamento en Cantabria, realizaba el descenso del Cares con la empresa Canoe Aventura Trohpy. Al llegar a una zona de rápidos en las inmediaciones de la localidad peñamellerana de Mildón, la canoa doble en la que viajaba la niña volcó y solamente su compañera pudo volver a salir a la superficie.

Tras un angustioso rescate del cadáver que se prolongó durante seis horas y mientras la región trataba de digerir el fatal desenlace de la niña, los agentes de la Policía Judicial ponían en marcha una minuciosa investigación que les llevó a tomar declaración a los jóvenes testigos del suceso, así como a los monitores de la empresa de aventuras y del campamento, además de entrevistarse con expertos en este tipo de actividades y conocedores del río Cares. Estas pesquisas, indicaron desde el instituto armado, «pusieron en evidencia una serie de situaciones irregulares en torno al suceso».

Partiendo de la premisa de que el turismo activo se basa en la práctica de una serie de actividades que conllevan riesgos inherentes, «cada empresa encargada de su planificación debe necesariamente disponer de las medidas de seguridad adecuadas a cada una». Algo que en este caso, y según recoge el informe elaborado por los investigadores, no se cumplía.

En primer lugar, el Cares, en alguna de su zonas y concretamente en el rápido donde se produjo el accidente, está considerado como un río de aguas bravas, por lo que se debe tener autorización para la actividad de canoa raft –piragüismo en aguas bravas que se realiza con embarcaciones neumáticas de dos plazas–. Sin embargo, según pudieron comprobar los agentes, la empresa contratada para la actividad carecía de dicha autorización, «a pesar de publicitarse en su página web lo contrario».

También en relación al personal se detectaron diferentes irregularidades, como el hecho de que los monitores encargados del descenso «no estaban en posesión de la formación específica para su desarrollo, en materia de primeros auxilios, seguridad, protocolos de prevención de accidentes y evacuación». Asimismo, tampoco se cumplía con el ratio de guías o monitores cualificados por cliente que se estima conveniente para poder llevar a cabo la actividad. Esto, recalcaron los investigadores, «pudo ser clave en la demora de la búsqueda de la niña tras caerse al río –de diez a treinta minutos–, tras un vuelco de varias canoas y no llevar a cabo un recuento inmediato de los menores».

Finalmente, los agentes pudieron constatar en el transcurso de las investigaciones que la empresa «carecía de medios alternativos de comunicación, como emisoras y vehículos de apoyo, lo que demoró en más de una hora la comunicación con los servicios de asistencia debido a la escasa cobertura telefónica existente en la mayoría del recorrido efectuado».