Clamor en Asturias contra el peaje de la autopista del Huerna

Desde Asturias la noticia ha suscitado una esperanza unánime en todos los partidos. La reacción ayer era que ésta «es la oportunidad para poner fin al peaje». Ajenos a esa petición y al ultimátum de Bruselas, desde el Ministerio de Transportes aseguran que hay partido y seguirá defendiendo la legalidad del peaje.

Lo cierto es que la Comisión Europea no determina qué debe hacer ahora el Gobierno de España, ni si la solución pasa por la supresión del peaje. Lo que busca con el nuevo paso es que Transportes le ponga sobre la mesa alternativas y un calendario para corregir los vicios legales detectados en los actuales contratos. De no hacerlo abriría la vía judicial y, caso, de obtener una sentencia que confirme la ilegalidad, se pasaría a activar las sanciones a España hasta que corrija la situación. Pero, ¿cuáles son los vicios detectados?

En el año 2000 el Gobierno de José María Aznar prorrogó la concesión de la AP-66 (explotada por Aucalsa) y la AP-9 (controlada por Audenasa), ampliando en 29 y 25 años respectivamente sus peajes. Posteriormente privatizó la sociedad que controlaba a ambas mercantiles. La Comisión considera que esas dos prórrogas como la venta, «al no ser precedidas de la publicación de un anuncio de licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y de un procedimiento de contratación pública, vulneraron la Directiva 93/37/CEE (aplicable en aquel momento)». En concreto no se habrían respetado «los principios de igualdad de trato y transparencia que subyacen a las normas de la UE en materia de contratación pública» puesto que «estas ampliaciones constituyen modificaciones sustanciales equivalentes a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por lo tanto, requieren un procedimiento de licitación».

Sentado este análisis, Bruselas «insta» a España «a respetar las normas». El paso dado ahora es la remisión de un «dictamen motivado» a partir del cual el Gobierno nacional dispone de dos meses «para responder y adoptar las medidas necesarias. De no hacerlo, la Comisión podría optar por llevar a este Estado miembro ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea», precisa el Ejecutivo que preside Ursula Von der Leyen.

La pelota está en el tejado de Transportes, quien la viene moviendo en un doble sentido. En casa culpa al PP; de cara a Bruselas defiende la legalidad de unos acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros tras superar todos los informes de legalidad internos y, cuya reversión obligaría a pagar indemnizaciones a las concesionarias.

Fuentes del departamento que rige Óscar Puente subrayaron que el ultimátum «no supone el final del procedimiento ni la eliminación de las prórrogas, puesto que ahora nuevamente España tiene la oportunidad de responder al mismo. Analizaremos la resolución y agotaremos las opciones de respuesta además de la posibilidad, llegado el caso, de interponer los correspondientes recursos».

El ministerio recuerda que la prórroga se aprobó por un gobierno presidido por José María Aznar, por lo que «si estamos en esta situación, por tanto, es responsabilidad de los gobiernos del PP». Con todo, desde Transportes sostienen que su política hasta la fecha se ha centrado en mejorar las bonificaciones al transporte pesado y a los vehículos ligeros que más usan el Huerna, y mantienen la defensa de la legalidad del contrato de concesión «para velar por el interés común».

La posición ministerial supone desoir al Principado y a la oposición. El consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, considera que «esta es la oportunidad para eliminar de manera definitiva el peaje del Huerna y poner fin a esta injusticia». Para ello pide al ministerio que «actúe» y anticipa que se «adherirá» a los procedimientos que se abran en adelante. Álvaro Queipo, en nombre del PP de Asturias, pidió «hacer de la necesidad virtud» y legalizar el peaje «bonificándolo al 100%». Desde Vox, Gonzalo Centeno dijo que este «peaje es una verguenza nacional» y lamentó que PP y PSOE «lo usen de arma arrojadiza». IU-Convocatoria viene apostando por la supresión del peaje, al igual que Foro Asturias, que impulsó una declaración unánime de la Junta instando al Principado a ser «parte activa» en este procedimiento de la UE.