El plan de Barbón para el asturiano: primero la oficialidad, después una negociación abierta

Pumares, en su intervención, planteó varias condiciones que nada tienen que ver con la situación lingüística de Asturias para dar su voto favorable a la reforma, y por extensión, a la oficialidad de la llingua: eliminar en la práctica el impuesto de Sucesiones, ayudas directas a la natalidad de 150 euros al mes por hijo y respetar el convenio de integración ferroviaria de Gijón firmado en 2019 por Foro Asturias, que incluía una situación más céntrica de la estación y que fue aparcado por el gobierno socialista de Ana González en Gijón. Aspecto este último que no parece entrar en los planes de Barbón ni del Ayuntamiento.

También propone que la aprobación de la ley de desarrollo posterior, la que definiría cómo se aplicará efectivamente esa oficialidad, cuente también con una mayoría cualificada de tres quintos: un arma de doble filo que dificultaría su aprobación, pero también su derogación si el equilibrio de fuerzas vira en el futuro hacia la derecha, donde tanto PP como Ciudadanos y Vox se sitúan contrarios a la oficialidad. En estos momentos, los opositores suman 18 votos -incluido el del otro diputado que Foro Asturias obtuvo en las elecciones, Pedro Leal, expulsado de la formación por desavenencias con la actual dirección-, frente a los 27 que pondrían fin a una reivindicación histórica del asturianismo: que la llingua asturiana se equipare al asturiano en cuestión de derechos, tal y como prevé la Constitución Española en su artículo 3: «Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos», recitó el propio Barbón ante los diputados, recordándoles que la Carta Magna está para cumplirse.

Propuestas esas, las de Foro que, aclaró Pumares, no son exigencias, sino un punto de partida para negociar con el resto de partidos en busca de un acuerdo lo más amplio posible. Adrián Barbón, cuya hoja de ruta siempre fue aprobar primero la oficialidad en el Estatuto y negociar después la ley que desarrollase un modelo «amable», en el que primase la voluntariedad sobre la obligatoriedad, cogió el guante y se lo lanzó al resto de grupos, incluidos sus aliados naturales de la izquierda: el PSOE quiere que sean ellos quienes acepten o no esas peticiones, que sobre todo en el caso de la bajada de impuestos no son marca de la casa de la izquierda.

Barbón, que en todo momento defendió que «el Gobierno de Asturias va a mantener su apoyo a la oficialiad del asturiano y el eonaviego porque es la mejor manera de evitar la desaparición de ambas lenguas», tal y como se incluyó en el programa electoral con el que ganó las elecciones en 2019, apuesta por esa cooficialidad «amable», adaptada a la realidad lingüística de Asturias y con unas líneas, muy básicas, que él mismo expuso en la Junta General a preguntas de los grupos: el conocimiento del asturiano no será requisito obligatorio para acceder a la función pública y no será lengua vehicular en la educación. «Una oficialidad tendente a la protección de de los derechos de los falantes, no a la obligatoriedad», aclaró.

De hecho, esas son las líneas que marca también la ponencia marco del 33 Congreso de la Federación Socialista Asturiana, que se celebrará en diciembre, haya o no oficialidad: reforzar la promoción y el uso público del asturiano; reconocimiento de las especialidades docentes y promover un título de grado en Filología Asturiana; rotulación en bilingüe de las dependencias administrativas; formación voluntaria en asturiano del personal público; presencia de la lengua asturiana en foros nacionales e internacionales; promover su uso en los Ayuntamientos; favorecer su presencia en la oferta cultural y de ocio; normalizar el uso de la toponimia tradicional en todas las administraciones y reconocer el derecho de recibir contenidos e información en asturiano en los medios de comunicación públicos. Medidas que se pueden desarrollar dentro del actual marco normativo: el de la Ley de Uso y Protección del Bable/Asturiano de 1998. Aún así, en el congreso socialista de diciembre se defenderá, de nuevo, la declaración de cooficialidad.

El presidente asturiano quiere involucrar en la negociación posterior, con la oficialidad ya aprobada en la Junta General y ratificada por mayoría, si procede, en el Congreso de los Diputados, a las fuerzas políticas que se oponen. Por el momento todos están enrocados en el 'no' y punto. Con el que sí coincide en lo básico es con el dueño del voto que podría cambiar la historia de Asturias, el de Pumares. Su modelo: «Voluntariedad y no imposición; una cuestión de derechos, de garantizar que el que quiera usarla lo pueda hacer, y respetar a todo aquel que no quiera hacerlo».

La derecha lleva meses mostrando sus argumentos en contra para tratar de frenar una reforma que, mantienen, no cuenta con el respaldo social necesario de la mayoría de los asturianos. Esgrimiendo los riesgos del nacionalismo, señalando que la lengua que se quiere aprobar no es la que habla en la calle y alegando el riesgo de discriminación, buscan evitar lo que consideran un despropósito. Y no solo desde sus filas, donde también hay partidarios de la oficialidad, sino también por algunas voces cercanas al partido socialista se ha planteado la posibilidad de someter la oficialidad a referéndum. Posibilidad que Barbón rechaza: «No cabe jurídicamente», explicó. Asturias carece de una Ley de Consultas que lo ampare, señala, y el presidente no está obligado a afrontar esa prueba de fuego.

Asturias no es Cataluña y Barbón no es Puigdemont, tranquiliza el presidente. Barbón prefiere mirar a Galicia, donde recuerda, fue el PP quien aprobó la oficialidad. Y proclama orgulloso que defiende la lengua «de nuestros güelos y güelas».