Los ciudadanos tendrán derecho a usar el asturiano ante la Administración, pero no el deber de conocerlo
MIGUEL ROJO
GIJÓN.
Domingo, 7 de noviembre 2021, 01:31
¿Qué supondrá en Asturias la declaración del asturiano y el eonaviego como lenguas cooficiales? La respuesta depende, básicamente, de la ley de desarrollo que ... se apruebe en el Parlamento regional después de que el Estatuto de Autonomía del Principado incluya su oficialidad en el texto, si sale adelante la reforma. Básicamente, así lo defiende el Gobierno regional, se quiere optar por una oficialidad a la carta, que responda a las necesidades y características de la región, pero eso no evitará que haya que cumplir el mandato de la Constitución Española y la jurisprudencia que marca el Tribunal Consituticional a estos efectos. Así, según el alto tribunal, «en los territorios dotados de un estatuto de cooficialidad lingüística el uso de los particulares de cualquier lengua oficial tiene efectivamente plena validez jurídica en las relaciones que mantengan con cualquier poder público radicado en dicho territorio». Así, «la instauración por el art. 3.2 de la Constitución de la cooficialidad de las respectivas lenguas españolas tiene consecuencias para todos los poderes públicos en dichas Comunidades, y en primer término el derecho de los ciudadanos a usar cualquiera de las dos lenguas ante cualquier Administración en la Comunidad respectiva con plena eficacia jurídica». Eso sí, también se ha pronunciado en el sentido de que «no existe un deber constitucional de conocimiento de una lengua cooficial», este se reserva para la lengua común a todas las comunidades, el castellano, y del que se presupone su conocimiento a todos los españoles.
Al tener derecho los asturianos a dirigirse a cualquier Administración en cualquiera de las lenguas cooficiales, sí deberán estar estas preparadas para atender esa posibilidad, lo que obliga, de facto, a que al menos una parte del personal de la administracíón las conozca. «Nada se opone a que los poderes públicos prescriban, en el ámbito de sus respectivas competencias, el conocimiento de ambas lenguas para acceder a determinadas plazas de funcionario o que, en general, se considere como un mérito entre otros el nivel de conocimiento de las mismas», dejó dicho el Constitucional. Barbón adelantó que el asturiano «no será requisito inequívoco para acceder a la función pública», pero obvia que tendrá la obligación también de abrir una puerta a aquellos que quieran opositar utilizando el asturiano y de que alguien debe atender esa memoria, bien sea por medio de cursos de formación o exigiéndolo en los procesos de acceso.
También correspondonerá al Principado «organizar la enseñanza que debe recibirse en una y otra lengua en relación con las distintas áreas de conocimiento obligatorio en los diferentes niveles educativos», y el plan del presidente es que «no tenemos la intención de que el asturiano tenga carácter troncal ni el bilingüismo. No será vehículos si nosotros lideramos el proceso», aclaró. Lo que sí será obligatoria será al menos una asignatura que garantice que todos los asturianos puedan aprenderla. En cualquier caso, aclara el Constitucional, «ños poderes públicos deben garantizar el derecho de todos a no ser discriminados por el uso de las lenguas oficiales en la Comunidad Autónoma».
En la misma línea que se trabaja ahora, y a través de un programa marco, se supone que la Junta General también podrá instar a las cadenas de radiotelevisión públicas a que emitan un mínimo de contenidos en asturiano. Contenidos que ya están presentes, pero que a los favorables a la oficialidad les parecen insuficientes.
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