El Principado estudia «opciones jurídicas» para suprimir el peaje en el Huerna

El pasado 24 de mayo la Comisión Europea confirmó que a resultas de una denuncia del exlider de Podemos Daniel Ripa, considera que el Consejo de Ministros infringió la normativa comunitaria cuando, en el año 2000, prorrogó el peaje que en la autopista Campomanes-León (AP-66) explota la sociedad Aucalsa, entonces controlada por la empresa pública Sepi. El contrato concesional original vencía el 17 de octubre de 2021 y el Gobierno de José María Aznar lo amplió hasta el 2050. Justificó la medida aduciendo que a cambio se aplicaba una rebaja de tarifas.

Bruselas considera que se vulneró normativa comunitaria en dos aspectos. De un lado, entiende que la medida debió ser anunciada en el Boletín Oficial de la UE. Del otro, considera que aquello fue un cambio sustancial del contrato y lo que procedía era sacar a concurso la explotación de la AP-66 entre 2021 y 2050, dando así la oportunidad a otros inversores de pujar por la gestión. Por los mismos razonamientos el expediente de infracción considera que infringe la legislación europea el posterior proceso de privatización de Enausa, la sociedad de la Sepi que controlaba la AP-66, la AP-9 y también las AP-15, AG-55 y AG-57.

Hasta ahora la posición del Principado se centraba en solicitar al ministerio una mejora inmediata en las bonificaciones. En enero EL COMERCIO destapó cómo el sistema actual de descuentos estaba diseñado de tal forma que siempre dejaba presupuesto sin consumir, lo que desató una oleada de indignación.

Transportes reaccionó abriéndose a mejorar las bonificaciones. El jueves el departamento que rige Óscar Puente inició la tramitación formal de una modificación de los reales decretos que regulan los descuentos. Se ha propuesto a Aucalsa un sistema que, en materia de vehículos ligeros, sigue limitando su aplicación a los usuarios con telepeaje que hacen tres o más recorridos al mes. Para estos supuestos, al primer acceso se le aplicaría un descuento del 15%, del 30% en el segundo y al tercero y siguientes se le seguiría recortando el 60% de la tarifa, según pudo confirmar este periódico.

De esta forma, un conductor de coche que recorra tres veces al mes la AP-66 sin telepeaje, seguiría pagando 45 euros. Otro que lleve el dispositivo saldaría esos accesos con 29,26 euros, esto es, 6,75 euros menos que ahora. El alivio es del 18,7% de la factura. La bonificación a camiones también mejora, del 40% actual al 60%.La previsión del ministerio es que las nuevas condiciones se activen en otoño. «De lo que se trata es de buscar un equilibrio y que haya descuentos desde el primer peaje», dijo Calvo.

Que el Principado ponga el foco en las opciones jurídicas de revertir el contrato supone un cambio cualitativo. Hasta ahora junto al ministerio centraba su discurso en responsabilizar al PP de la prórroga, orillando que en la pasada legislatura el propio Gobierno central defendió ante Bruselas la legalidad de la misma, y ahora ha sido invitado a volver a tomar posición. El requerimiento de la Comisión insta al departamento de Óscar Puente a asumir la ilegalidad y proponer medidas para revertirla, o seguir defendiendo la prórroga.

Queda por ver si la nueva posición del Principado es capaz de influir en ese tablero. El anuncio del estudio de medidas jurídicas se produce después de que el parlamento gallego instara por unanimidad a la Xunta a dar ese paso, y de que Foro Asturias registre una iniciativa para que la Junta General haga lo propio.