El Principado quiere comprar el 100% de las acciones de Sogepsa a coste «cero o testimonial»

El Principado pedirá permiso a la oposición para adquirir las 25.337 acciones que los constructores tienen en Sogepsa. El proyecto de ley que remitirá a la Junta General en un mes incluye entre las condiciones cerrar la operación a «coste cero o testimonial». Recuerda que la deuda de la compañía consolida desde 2013 con la del resto del sector autonómico y sus créditos ya son con la administración o están avalados por esta, lo que en la práctica le está obligando a asumirlos. Terminar de convertirla en pública ampliaría su capacidad para asumir trabajos, generar ingresos y darle la reorientación que propone el Principado.

La empresa se constituyó en 1984 y desde entonces urbanizó terrenos en los que levantar 24.000 viviendas de protección oficial e inició operaciones para 24 polígonos. Para ello cerró acuerdos amistosos con el 80% de los expropiados. En las últimas diez operaciones negoció con 900 propietarios, de los que 75 discreparon de la valoración ofertada. «En este momento debemos afrontar el reto de darle un nuevo rumbo o cerrarla», explica el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño.

Para fundar la empresa, el Principado invitó a los ayuntamientos y a los constructores locales. Era legal entonces. La denuncia de unos expropiados ante la Comisión Europea evidenció que ahora ya no puede seguir recibiendo encargos de las administraciones como venía haciendo mientras tenga accionistas privados elegidos de forma directa.

Bruselas remitió en 2014 una carta emplazando a corregir la situación. El Principado propuso una reforma de sus normas de urbanismo para que acataran las directivas de la UE y convertir ya a Sogepsa en una entidad pública. En 2017 la Junta General solo validó la primera parte, sin abordar el estatus de la empresa.

Con los accionistas privados en su seno, Sogepsa ve limitada su capacidad para recibir encargos de la administración y gestionar enajenaciones. «Está hibernada, con posibles fuentes de ingreso vetadas», explica Cofiño. «Mantenerla así carece de sentido, teníamos que decidir si se cerraba o aún tiene sentido», dice. Tras analizar el sector, el Principado apuesta por lo segundo, en base a tres argumentos.

«Tenemos una bolsa de suelo industrial que necesitamos que alguien gestione, porque hay terrenos pendientes de desarrollar y parcelas que vender». Los ayuntamientos de las alas además planean impulsar «polígonos de pequeño tamaño, pero carecen de personal que sepa hacerlo».

Son tareas para las que resulta útil «contar con un personal como el que compone Sogepsa, que acumula décadas de experiencia en esa función comercializadora hacia donde la tenemos que reorientar. Es un trabajo que o hacen ellos, o habrá que pagar a alguien para que lo haga», dice. «En el suelo residencial ya hay mercado y, salvo para planes públicos de vivienda no tendrá mucho trabajo ahí», reajusta.

Para avanzar en esa línea la empresa necesita quitarse el corsé impuesto por la UE y recuperar su capacidad de trabajo, lo que pasaría por desprenderse de una parte privada que lleva lustros diluyendo su papel. Un dato, de los doce puestos que hay en el consejo de administración, los constructores solo ocupan dos.

Originalmente fueron unas 60 las constructoras que aportaron un capital social de 9,3 millones, hace 36 años. La crisis se llevó por delante a parte de las compañías. Hace unos años Sogepsa quiso contactar con los tenedores de los títulos y se topó con una maraña de concursos y quiebras.

Los que resisten pusieron como condición quedar al margen de los préstamos que suscribía Sogepsa para sacar las promociones que le encargaron las administraciones. No avalaron ni participaron de los créditos, pero esa deuda y la evolución del mercado ha depreciado los activos y las acciones. En 2016 cuando se planteó su compra Hacienda ya apuntó que el coste de la compra «podría estar cercano a cero».