Le mató porque pensaba «que se iba con su antigua novia»

La Fiscalía del Principado de Asturias sostiene que Ana María G. H. -la mujer acusada de haber matado en julio de 2018 a su pareja Miguel Ángel Suárez Menéndez, 'Míchel', de 56 años, en el domicilio de los padres de ella en Lugones- «tuvo una evidente intención de acabar con su vida y empleó una gran violencia física para hacerlo». La mujer permanece desde entonces en prisión provisional comunicada y sin fianza.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Siero acogió el pasado jueves una comparecencia en la que las partes trasladaron a la investigada sus correspondientes imputaciones, tal y como recoge el artículo 25 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado.

El Ministerio Fiscal sostiene que la mujer mantuvo una relación de pareja con el fallecido durante un año aproximadamente y que ambos convivieron, de forma esporádica, en el domicilio paterno de ella, sito en la calle Río Cares, de Lugones (Siero). Y afirma que, sobre las once de la noche del día 17 de julio del año pasado, 2018, la pareja mantuvo una fuerte discusión en la cocina del citado domicilio motivada «por celos». Según apunta la Fiscalía, ella creía que la víctima «se iba a ir con una antigua novia».

La disputa se trasladó después al dormitorio, donde la acusada «con evidente ánimo de terminar con la vida de su pareja sentimental», cogió un cuchillo de la cocina, con una hoja de entre 6 y 10 centímetros, y le asestó un total de 35 puñaladas, fundamentalmente en el cuello y en el abdomen, «empleando para ello una gran fuerza física», concluye la Fiscalía, que ahora deberá formular el escrito de acusación donde incluirá la pena solicitada por esos hechos que se van a juzgar al término de la instrucción.

Por su parte, el abogado de la defensa de la acusada ha sostenido durante estos meses que la joven podría ser inimputable debido a una discapacidad que padece. En un primer momento, se mencionó la existencia de un certificado, expedido por el Principado en el año 2009, donde figuraba que la presunta homicida tenía una discapacidad del 69%.

Sin embargo, el informe forense realizado durante la instrucción del sumario certifica que la acusada por el crimen tiene «un retraso mental leve» que, aunque puede disminuir su capacidad de raciocinio, «no es obstáculo para eximirla de su responsabilidad y para que ella sepa diferenciar qué es lo que está bien y lo que está mal».