Anticorrupción ve indicios de delito en adjudicaciones de Renfe a una empresa avilesina

La Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios de delito en las adjudicaciones de la empresa pública Renfe a la empresa Ribodel, un taller ubicado en la avenida de La Marcha de Hierro, en Las Arobias, y ha dado traslado de sus pesquisas a los tribunales de Justicia. El caso está ahora en manos del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 51 de Madrid, que ha citado a las partes para tomarles declaración el próximo 11 de septiembre.

Ribodel podría haber sido adjudicataria de contratos para la fabricación y reparación de motores de locomotoras y máquinas de tren sin cumplir los requisitos técnicos y económicos que se exigían en las condiciones particulares para contratar con Renfe. Se cuestionan alrededor de una treintena de contratos adjudicados en apenas dos años, que rondan los siete millones y medio de euros, por considerar no solo que se obviaron esos requerimientos técnicos, sino también que los gestores de Ribodel disponían de información privilegiada que les permitía saber la cuantía de las ofertas de sus competidores para así ofertar una cantidad más baja y hacerse con los contratos.

La investigación parte de la denuncia del administrador de la empresa Cohega, el concejal castrillonense Alberto García Hevia, contra el administrador de Ribodel y dos trabajadores de Renfe, entre ellos el jefe de contratación. Su firma era proveedora habitual tanto de Renfe como de Adif para numerosos contratos, principalmente de fabricación y reparaciones de motores, hasta que él heredó la compañía tras la muerte de su padre, en el año 2016. Entonces el director comercial y responsable de relaciones comerciales de Cohega era el cuñado de García Hevia, que a su vez administraba otra empresa, Ribodel, dedicada a la fabricación e instalación de material eléctrico.

En medio de la disputa entre las dos partes de la familia, derivada de la herencia, Ribodel entró en competencia directa con Cohega al pasar a dedicarse también a la fabricación y reparación de motores. Para ello, según denunció García Hevia en los juzgados, su cuñado habría procedido a apropiarse de material e información sensible, desde los moldes para la fabricación de bobinas a los manuales de procedimientos, formateando además los ordenadores. De este modo, Ribodel habría sido capaz de producir material que no fabricaba hasta entonces, para lo que en 2017 adquirió una nave en Lugones.

García Hevia denuncia prácticas irregulares, que pasan además por el fraccionamiento de contratos, invitaciones a empresas a menos de 24 horas de la finalización del plazo y, sobre todo, que Renfe no habría comprobado la veracidad de las acreditaciones técnicas y la experiencia que la propia empresa pública exigía a sus contratistas, puesto que las acreditaciones de Ribodel no se correspondían a esta firma, sino a Cohega, que lleva varias décadas siendo contratista de Renfe, aunque en aquel entonces en su plantilla se encontrara el administrador de Ribodel.

De momento la Fiscalía Anticorrupción de Madrid ha dado crédito a la denuncia presentada por García Hevia, y ahora serán los juzgados los que diriman si ha habido o no una prevaricación administrativa.