La Comisión Europea deja en manos de los países la imposición de un arancel ambiental

La Unión Europea se libera de la responsabilidad de imponer un arancel ambiental que compense el coste de los derechos de emisión de CO2 que paga la industria del viejo continente. A pesar de las quejas de grandes productores como Arcelor, que justifica su reducción de la producción en Asturias en parte por este motivo, cuando se pregunta por ello, los representantes comunitarios se escudan en la defensa del medio ambiente y ponen la pelota en el tejado de los Estados miembros, a los que piden que mejoren el proceso de toma de decisiones para poder hacer algo.

Lejos de ser la organización supranacional para la que fue concebida, este selecto club de Veintiocho, de Veintisiete cuando se consume el 'Brexit', es para casi todo una suma de países, con derecho de veto en las decisiones de mayor calado, y las particularidades e intereses de cada uno complican los avances.

Fuentes de la Comisión Europea reconocen a este periódico que el actual marco fiscal de la UE en materia de energía «está desfasado y, en algunos casos, contradice el imperativo legal de la energía limpia». Ante esta situación, la Comisión pidió a los Estados miembros en un reciente documento sobre fiscalidad de la energía que faciliten esa toma de decisiones de tal forma que la UE esté «mejor equipada» y pueda implantar «medidas de fiscalidad de la energía que aborden mejor el contenido de carbono de los productos, incluidos los importados, para cumplir los objetivos en materia de transición de energías limpias y reducción de carbono».

Ahí podría entrar una especie de arancel ambiental, pero la organización deja una decisión de este tipo en manos de los países que la integran y no asume el rol de encabezar una cruzada contra los productos que llegan de fuera del territorio comunitario sin que en su proceso de fabricación haya habido medidas medioambientales que frenen las emisiones y sin que se vean gravados por el mercado de derechos europeo. Más que competencia de la Comisión, órgano ejecutivo de la UE, viene a decir que la decisión está en manos del Consejo Europeo, institución integrada por los jefes de Estado o de Gobierno, o en el Consejo de Ministros del ramo, pero en ambos casos haría falta un país o varios que lideren la iniciativa y consenso para sacarla adelante.

El propio comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, aseguró en una carta remitida a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que la aplicación de un impuesto sobre el carbono en la frontera requeriría de una decisión unánime de todos los Estados miembros, lo mismo que sucedería con una revisión de la directiva sobre fiscalidad de la energía. El Gobierno español le había preguntado por la posibilidad de gravar la energía térmica que España importa de Marruecos, país cuyas centrales de carbón no tienen que pagar derechos de CO2, lo que genera un agravio comparativo con las de la península. Sin embargo, al mismo tiempo, fuentes comunitarias consideran que un arancel de este tipo «plantearía problemas de compatibilidad con las normas de la OMC (Organización Mundial de Comercio)».

Y aunque la Comisión deja la responsabilidad a los Estados miembros frente a las acusaciones de Arcelor y otras grandes industrias europeas de la competencia desleal que suponen los productos de fuera de la UE, desde Bruselas se defiende a capa y espada el sistema de comercio de emisiones como arma para combatir el cambio climático y se insiste en que la fuga de inversiones y de carbono se tiene en cuenta «en todas las acciones que se toman para luchar contra el calentamiento global». La fortaleza de este mecanismo, aseguran desde el Ejecutivo europeo, «reside en que tiene normas armonizadas para las asignaciones libres en todos los países de la UE y en todos los sectores», aunque también señalan que «la Comisión está dispuesta a mejorarlo aún más». En este sentido, también destacan que, en 2017, se modernizó el sistema para otorgar una asignación más flexible para las industrias electrointensivas a partir de 2020, cuando esta herramienta entre en una nueva fase, con una menor asignación de derechos.

La industria se queja, sin embargo, de que se trata de cierta flexibilización con respecto a lo que estaba previsto en un inicio y no sobre la situación actual, y que las empresas ya están sufriendo los efectos adelantados del recorte de derechos, prueba de ello es cómo se ha disparado el precio del CO2, lo que encarece su producción respecto a la de sus competidores extracomunitarios. Por ejemplo, Arcelor cifra en 45 euros por tonelada el sobrecoste que le supone este sistema para las plantas asturianas.

Otra de las grandes reclamaciones del sector, y en la que la Comisión sí podría actuar, es el endurecmiento de las medidas de defensa comercial para frenar la invasión del mercado por parte de productos extracomunitarios. Las importaciones no dejan de crecer tanto por su precio más competitivo, ya que no pagan los derechos de emisión, como por que están siendo derivadas a Europa al contar con fuertes restricciones para entrar en EE UU debido a la guerra comercial. La gran industria comunitaria, con patronales como la del acero a la cabeza, Eurofer, denuncian que los aranceles impuestos no están funcionando, que el mercado está siendo un coladero para estos productos y reclaman, además, que no se aumente el cupo sin arancel en un 5% más en julio de este año, como está previsto, y otro 5% en 2020. Advierte esta organización de que el sector está ante «una tormenta perfecta» que puede hacer regresar al acero a una «crisis severa».

Sin embargo, fuentes de la Comisión Europea aseguran a este periódico que se «ha defendido de forma vehemente la igualdad de condiciones» y destacan las 52 medidas 'antidumping' y antisubsidios impuestas sobre los productos del acero. «La UE reaccionó rápidamente a los aranceles de EE UU sobre el acero e impuso medidas de salvaguarda para proteger la industria del europea del desvío comercial», aseguran.

Sin embargo, Eurofer, en la que se integra Arcelor, recuerda que las importaciones han aumentado un 12,6% y que los productores locales no dejan de perder cuota de mercado. Pese a estos argumentos, desde Bruselas se insiste en que se están preservando los niveles tradicionales de importaciones, aunque también se avanza en que las medidas pueden ser revisadas y que cualquier señal por parte de la industria será tenida en cuenta. El proceso de interinidad en el que se encuentra ahora Europa, pendiente también de las elecciones del 26 de mayo, tampoco ayuda a tomar decisiones.