Una eléctrica pública no podría reducir el precio de la luz en el corto plazo

Los expertos consultados por este periódico coinciden en que su creación, como reclama Unidas Podemos, no implicaría una rebaja del recibo eléctrico en el corto plazo y los efectos a largo se pueden conseguir, igualmente, a través del sector privado. Entre los problemas que señalan se encuentra que se plantea que esa empresa se nutra de las hidroeléctricas cuya concesión vaya finalizando, y la mayoría no lo hará hasta el periodo 2030-2050, y por otro de la ampliación del parque renovable, que también llevará su tiempo y que presenta los mismos problemas que las instalaciones actuales de carácter privado, su dependencia de la meteorología.

Igualmente, hay matices. Francisco Valverde, responsable de renovables de la consultora Menta Energía, defiende un cambio en la gestión de las hidroeléctricas «que puede ser con una empresa pública o una privada, pero con condicionantes, ya que se juega con un bien público, como el agua, pero cuando se dieron las licencias no se puso condiciones y se trata como cualquier activo más». De ahí que abogue por que estas instalaciones dejen de gestionarse «para lograr el máximo beneficio posible» y que se haga «por el bien del recurso y del sistema eléctrico».

De hecho, a pesar de que se culpa al gas y al precio del CO2 de la escalada del precio de la luz, se está dando la circunstancia de que las centrales hidroeléctricas son las que fijan el coste de la luz en buena parte de las horas del día, pero a precio de ciclo combinado y con ingentes beneficios. Toman el coste de la fuente a la que sustituyen.

Lo que no considera Valverde es que se pueda montar una empresa energética al estilo de EDF, el gigante francés. «Eso era Endesa y se vendió, se nos ha pasado», subraya, «ahora no se puede mirar al pasado y hay que capear el temporal».

«El hecho de tener una empresa de energía pública no es una extravagancia», subraya Mateo, que recuerda el caso galo o el de Enel, actual propietaria de Endesa, cuyo accionista de referencia es el Estado italiano. Las razones principales para ello han sido estratégicas y de seguridad, por ejemplo en el caso de las nucleares, y también que las hidroeléctricas se basan en concesiones para gestionar ese bien público que es el agua. De ahí que considere «interesante» el debate sobre la idoneidad de una compañía de este tipo, pero siendo conscientes de que la repercusión sería «a medio o largo plazo» y que sus efectos también se podrían alcanzar sin que sea «estrictamente necesario recurrir a una empresa pública».

El director general de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Javier Rodríguez, es mucho más crítico. «No aportaría ningún valor a la gestión, ni a la capacidad de maniobra del Gobierno, que tiene mucha», asegura, e incluso considera «antidiluviano» que se pueda plantear esa posibilidad. «En la crisis del petróleo, ¿se mejoró en algo por tener una empresa pública?», se pregunta.

De hecho, los expertos piden estudiar el origen de la escalada actual de precios antes de buscar soluciones o, al menos, paliativos, ya que la causa trasciende por completo al Gobierno español y se sitúa en los precios disparados del gas natural por motivos que van desde el aumento de la demanda a cuestiones geopolíticas, y el coste del CO2 que emiten y deben asumir las centrales, provocado por el mercado de derechos de emisión de la Unión Europea que, precisamente con el encarecimiento de esta energía, quiere desincentivar su presencia en el mix y que se haga una apuesta clara por las renovables.

¿Y hay algo que pueda hacer el Gobierno español para abaratar el recibo en el corto plazo? La respuesta de los expertos es clara: rotundamente sí. Lo que no puede hacer es incidir en el corto plazo en el precio del 'pool', el coste de la electricidad en el mercado mayorista que es lo que se ha desbocado, pero sí en la otra mitad de la factura, formada por impuestos y cargos varios, desde los peajes al pago de renovables, pasando por los costes extrapeninsulares.

«Lo que no puedes intervenir es el mercado pensando que lo vas a solucionar», incide Rodríguez, que sí ve un enorme margen de maniobra en el Ejecutivo para actuar sobre los impuestos o la parte regulada y, sobre todo, para proteger al consumidor más sensible.

El Ejecutivo ya ha rebajado del 21% al 10% el IVA de la electricidad y también ha suprimido el impuesto a la generación, del 7%, y ese camino se puede seguir explorando. «El problema es que la energía se considera un método para recaudar», asegura Valverde, que ve en la opacidad del sistema un mecanismo casi perfecto para esconder gravámenes. De ahí que defienda un mayor conocimiento de lo que hay. Y como ejemplo pone el del impuesto eléctrico, creado en los 90 para subvencionar el carbón, con la idea de que se iría reduciendo a medida que esta fuente energética menguara. No ha sido así.

Mateo también cita este tributo, que va directamente a financiar a las comunidades autónomas y no al sistema eléctrico, como una posibilidad, y la retirada de cargos de la factura eléctrica. De hecho, el Congreso debatirá las próximas semanas el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) que promueve el Ministerio para la Transición Ecológica, que pretende sacar del recibo alrededor de 7.000 millones de euros -aproximadamente la mitad de los cargos extra de la factura- para repartirlos entre todos los actores energéticos: eléctricas, pero también gasistas o petroleras. «El efecto, igualmente, tampoco será inmediato, ya que hay un periodo de transición de cinco años», apunta Mateo.

Otro problema es que se abaratará la luz, pero se encarecerá llenar el depósito del coche o utilizar gas natural, cuyo precio ya está por sí disparado. La solución no es sencilla. La industria ya ha puesto el grito en el cielo por los efectos negativos que tendrá este fondo en su balance, que encarecerá finalmente sus costes energéticos. Para el consumidor doméstico bajará el recibo de la luz, pero subirá la gasolina o el uso de la caldera. «Habrá un otoño calentito», augura Valverde, que cree que los partidos tendrán que retratarse en el Congreso y a los que pide un debate sensato y menos ataques partidistas. No confía demasiado en ello.