La factura eléctrica se duplica para la gran industria asturiana tras seis meses con estatuto

Este aumento, al igual que sucede con el precio de la luz para los consumidores domésticos, se debe principalmente a la cotización del gas en los mercados internacionales y a la de los derechos de emisión, ambas disparadas. Tanto una como otra afectan al resto de países europeos, pero varían según el mix de generación -más si entran en mayor medida los ciclos combinados y las térmicas de carbón, menos en el caso de nucleares o renovables-. Ayer, el mercado diario eléctrico en España marcaba precios casi un 28% superiores a los de Francia, Alemania o Italia, según los datos de RedOS. Pero el problema añadido aquí es que la factura viene penalizada por multitud de cargos.

El precio de la energía tiene un peso en el recibo de en torno al 24%, mientras que la mitad corresponde a los peajes -el coste de las redes de transporte y distribución- y cargos -los costes asociados al fomento de las renovables, a las extrapeninsulares y las anualidades del déficit de tarifa- y algo más del 21% a los impuestos. De ahí que la brecha con otros países, lejos de acortarse, crezca.

En diciembre, cuando se aprobó el estatuto de las electrointensivas, el diferencial para la industria con respecto a Francia era de 24 euros MWh y de 25 euros en relación a Alemania; ahora se ha elevado a 46 en el primer caso y a 33 en el segundo. Mientras los precios se disparan, el estatuto supone apenas 54 céntimos por MWh de rebaja para compañías como AZSA o Arcelor, que ven desplomarse su competitividad justo cuando sus direcciones tienen que decidir si invierten aquí o en otro lugar para abordar su descarbonización. En el caso de la multinacional siderúrgica, se espera que entre este mes y el que viene se tome una decisión trascendental sobre cómo afrontar este proceso en sus factorías asturianas, que ya van retrasadas en relación a las de otros países.

Fernando Soto, director general de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (Aege), destaca la gravedad de la situación. «Estamos mucho peor que cuando había interrumpibilidad», asegura. Esto significa que el tan demandado estatuto ni siquiera consigue rebajar la factura de estas compañías a los niveles de 2015 o 2016, cuando sí funcionaba la subasta eléctrica -eran retribuidas por cesar su consumo en caso de necesidad para cuadrar la oferta y la demanda-. Entonces, aquella remuneración se movía en una horquilla de entre 400 y 500 millones de euros y, sin embargo, el sector ya pedía un precio «competitivo, estable y predecible» que equiparara la factura a la de los países del entorno, que ya tenían un recibo inferior.

Soto calcula que en España se dejarán de invertir en descarbonización más de 1.000 millones de euros por este diferencial y tiene clara la receta para reducirlo, que no es otra que imitar lo que hacen Francia o Alemania. Entre sus demandas, que se elimine el impuesto del 7% a la generación eléctrica, tributo aprobado por el Gobierno del PP en 2012 y que el Ejecutivo de Sánchez rebajó al 0% durante varios meses en septiembre de 2018 para «aliviar» entonces la factura de la luz de hogares y empresas cuando el precio también estaba en máximos.

Otra solicitud que hace mirándose en el espejo francés o alemán es la de elevar las compensaciones indirectas por los costes del CO2 hasta el máximo que permite la UE, esto es, el 25%, porcentaje que también recoge la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. El año pasado se quedaron en solo 61 millones, el 4,97%, frente a los 266 millones de Francia y los 546 de Alemania. En este 2021, serán 79, el 6,37% de los ingresos, por 350 en Francia y 878 en Alemania. A ello habría que añadir exenciones, como el 80% sobre los peajes del transporte que tiene la industria gala. La decisión, recuerda, está en manos del Gobierno central.