El Principado considera «lamentable» la postura de Industria sobre los Fondos Mineros

El presidente del Principado, Javier Fernández, ha calificado hoy de "lamentable" la postura expresada hoy por el ministro de Industria, José Manuel Soria, sobre la resolución judicial que exige el cumplimiento de la sentencia dictada por los tribunales sobre los fondos mineros.

Soria ha asegurado hoy que la decisión judicial no obliga a su departamento "a hacer ningún tipo de pago" sino a analizar cada uno de los convenios afectados por la sentencia para ver si procede realizar los pagos correspondientes a los proyectos programados hasta 2011 que se elevaban a una cuantía de 213 millones de euros. "Hay una sentencia por parte de los tribunales, pero no obliga al Ministerio -tal y como se ha dicho en algún ámbito- a hacer ningún tipo de pago", ha afirmado el ministro, antes de asegurar que a lo lo que sí obliga es "a revisar los procedimientos y, caso por caso, ver si procede la realización de ese pago o no".

A preguntas de los periodistas, Fernández ha señalado que el ministro ya conocía esta circunstancia dado que la sentencia inicial es de octubre de 2013 y el recurso del Ministerio fue rechazado en mayo de 2014 y ha lamentado que, desde entonces, el Gobierno central no hiciera "absolutamente nada" para cumplirla. El jefe del Ejecutivo ha incidido en que el juzgado le dice ahora al Ministerio de Industria que hay que aplicar la sentencia "y (Soria) responde con esto", ha lamentado, antes de preguntarse por qué el Gobierno central ha dejado pasar todo ese tiempo sin evaluar los proyectos que sean susceptibles de ser abonados a Asturias. De esta forma, ha apuntado, Asturias estaría en condiciones de recibir "la cantidad que le corresponda", a la vez que ha considerado "insólito" que reaccione de esa manera un ministro al que ha instado a reflexionar para que el Principado "tenga lo que le corresponde".

El juzgado central de lo contencioso-administrativo número 4 ha dictó hace una semana una diligencia en la que exige al Gobierno central la ejecución de la sentencia que reconocía al Principado el derecho a recibir hasta 213 millones. La resolución judicial, contra la que cabe recurso de reposición, emplaza además al Estado a informar al juzgado sobre las gestiones que ha realizado para cumplir la sentencia y el estado en que se encuentran y las actuaciones que quedan por practicarse para cumplirla en su integridad.

De los 58 convenios por los que pleiteó el Principado- que ha planteado otras dos reclamaciones sobre los de 2012 (53,3 millones) y de 2013 (68,1 millones)- algunos están ejecutados íntegramente en el plazo previsto, otros se justificaron fuera de plazo y un tercer grupo sólo se ha llevado a cabo parcialmente. La Audiencia Nacional rechazó en mayo el recurso del Gobierno central contra la sentencia, que admitió el criterio del Principado al estimar que la anulación de los fondos comprometidos con Asturias no respondían a una imposibilidad económica sobrevenida.