La gran industria asturiana seguirá penalizada frente a su competencia con el nuevo estatuto

De hecho, se considerará igual a una planta que consuma 1 gigavatio hora (GWh), el consumo que se requerirá para que se considere electrointensiva, que a grandes factorías como las de Arcelor y Asturiana de Zinc o las alumineras, para las que el precio de la electricidad es una cuestión de supervivencia. Precisamente, un trato diferenciado para las hiperelectrointensivas era una de las grandes reivindicaciones asturianas que no se ha tenido en cuenta.

El Gobierno calcula que el estatuto aprobado ayer beneficiará a 612 compañías de más de 60 actividades -acero, aluminio, papel, química, azulejos y cerámica, textil o cemento-, cuando apenas se han presupuestado 310 millones de euros en las cuentas nacionales para las ayudas. Dan a apenas medio millón de media, aunque el reparto no será equitativo. En Asturias, se calcula que podrían obtener el reconocimiento alrededor de una veintena de plantas.

Para optar lograr ese estatus, las empresas deberán asumir obligaciones y compromisos en eficiencia energética, I+D+i y sustitución de fuentes contaminantes, al tiempo que deberán mantener la actividad productiva durante un periodo de al menos tres años, a partir de la fecha de concesión de las ayudas.

Según el Gobierno, el estatuto aprobado dota a los grandes consumidores de electricidad de un marco jurídico y económico que proporciona seguridad y certidumbre a sus costes energéticos y mejora su competitividad internacional, «todo ello de conformidad con la normativa comunitaria». A pesar de ello, la gran industria asturiana duda de que vaya a suponer un cambio diferencial para su negocio y censura también que no se cuente con una asignación con cierto carácter fijo.

La principal medida pasa por compensar a la industria hasta en un 85% de los costes que se repercuten en el precio de la luz por la financiación de las primas a las renovables, los costes de cogeneración de alta eficiencia y el extracoste correspondiente a los territorios no peninsulares. En febrero de este año, el Gobierno aseguró que esto permitiría un ahorro 90 millones para estas empresas. Los costes regulados de la factura suponen alrededor de 17.000.

Otro aspecto que incluye el estatuto, es que el Estado, a través del Fondo Español de Reserva para Garantías de Entidades Electrointensivas (FERGEI), avale los riesgos derivados de la adquisición de energía eléctrica a largo plazo para fomentar la contratación bilateral (PPA) del suministro. Sin embargo, los grandes consumidores también dudan de que esto les permita conseguir un precio mucho más bajo.

A todo ello se sumarían las compensaciones por los costes indirectos del CO2, 172 millones el pasado año que este bajaron a solo 61 este. Para el que viene se contemplan 109 en los presupuestos y 110 más del fondo de resiliencia.