La Guardia Civil sostiene que la fortuna de Villa procedía de la «gestión delictiva del Montepío»

Con precisión y sin dejar ninguna pieza del rompecabezas sin encajar en su sitio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya ha confeccionado una panorámica del 'caso Hulla' que pueda servir para esclarecer las presuntas irregularidades cometidas antes, durante y después de la construcción de la residencia geriátrica de Felechosa. Lo ha hecho recopilando todas las diligencias de la causa, iniciadas en 2013 después de que José Ángel Fernández Villa y José Antonio Postigo se acogieran a la amnistía fiscal impulsada por el Partido Popular, y que desembocan en un 'Informe de análisis' fechado el pasado 21 de junio y al que ha tenido acceso EL COMERCIO.

Las conclusiones del informe, de 429 folios de extensión, incluyen la postura del cuerpo policial en relación a varios de los aspectos en los que derivó la investigación: desde la concesión de los más de 30 millones de euros de subvención que sirvieron para sufragar la obra hasta los sobrecostes del proyecto pasando por la propia regularización de fondos de los máximos responsables del SOMA y el Montepío de la Minería en 2012.

En este último apartado, origen de las sospechas que dieron pie al inicio de las investigaciones, la postura de la UCO es firme. A su juicio, «la redundancia de indicios que han quedado expuestos a lo largo del informe, (...) permitirían deducir que el origen de los fondos que afloraron durante la 'regularización fiscal' no dimanaría de una herencia ni se habría generado de su actividad económica y laboral, sino que parte de los fondos de los investigados podrían proceder de la gestión delictiva del Montepío y de la construcción de la residencia de Felechosa».

Su vinculación con la mutualidad minera se explica en parte, a ojos de los agentes de la UCO, por el papel del asesor fiscal del Montepío, José Manuel Fernández Fernández, quien se caracterizó por «extralimitarse» de sus funciones al ser una pieza fundamental en la gestión de este dinero oculto. No en vano, él ejerció de representante de los intereses de Fernández Villa y Postigo ante las entidades bancarias en las que quiso depositar los fondos que afloraron con la amnistía fiscal: 1,2 millones de euros en el caso de Fernández Villa y 436.100 euros en el caso de Postigo.

En el caso del histórico líder del SOMA, la investigación sostiene que el dinero regularizado tendría relación con las «labores de intermediación» que ejerció ante el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) y la Administración central para conseguir la llegada de la subvención que permitió poner en marcha el proyecto. Por ello, y después de constatar que no hay otro negocio lícito sobre el que sustentar estas ganancias y por la «constatación de algún vínculo con actividades delictivas con personas o grupos relacionadas con las mismas», la Guardia Civil apunta a un presunto ilícito de blanqueo de capitales relacionado con el Montepío y, más concretamente, en el proyecto del geriátrico.

Más allá del afloramiento del dinero, y teniendo en cuenta la trama en su conjunto, la UCO cuantifica hasta nueve delitos basados en «indicios racionales de criminalidad que sobrepasan las meras conjeturas. Además del ya citado blanqueo, los agentes apuntan a un delito contra la Hacienda pública, falsedad documental, tráfico de influencias, delito societario por apropiación indebida, prevaricación, cohecho, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos.