La obra de la residencia se inició «sin el debido marco legal» y sin tener recursos

Fernández Villa y Postigo tenían la certeza de que la financiación y las distintas licencias llegarían para su proyecto pese a las distintas trabas legales que fueron apareciendo en el camino. Así lo consideran los investigadores de la UCO a la hora de explicar algo tan básico como que las obras, propias de un gran complejo y en las que se esperaba una fuerte inversión, se iniciaron «sin el debido marco legal», sin licencia de obra y sin que el propio Montepío tuviese recursos suficientes como para sufragar el proyecto en caso de que no llegasen los fondos desde el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón.

En este sentido, la Guardia Civil expone: «Se había creado la sociedad Residencia de Mayores de la Minería (febrero 2008), adjudicado el contrato de la obra a Alcedo de los Caballeros (marzo de 2009) e iniciado las mismas (mayo de 2009) sin que existiera la posibilidad de sufragar la obra con fondos propios antes de la aprobación del Real Decreto (que se modificó para dar legalidad a la subvención) y sin que estuviera aprobada la ayuda a favor del Montepío, lo que denota la seguridad que tenían los investigados de que se iba a modificar la norma». Algo similar ocurrió con la adquisición y cesión de los terrenos en los que finalmente se levantaría el geriátrico. En este sentido, los investigadores recuerdan que, en primer término, «los informes técnicos municipales eran totalmente desfavorables, por no estar acreditado el carácter público de la entidad mutualista». Pese a ello, el Ayuntamiento permitió la realización de un estudio geológico en la zona. Permiso que el Montepío utilizó para comenzar las obras. «Lejos de instar al Montepío a parar la obra, (...) habría omitido cualquier tipo de acción», dice el informe.