El impuesto a los ricos tendrá una aplicación minoritaria en Asturias

En el caso del Principado, solo tendrán que abonarlo aquellos que cuenten con más de 23,9 millones de euros. Según la última estadística de la Agencia Tributaria, referida a 2020, en Asturias hubo 3.656 declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio, con unos bienes que de media rozan los 2,5 millones de euros, muy lejos de los casi 24 que implicarían asumir el pago del tributo estatal.

El informe de Fedea, elaborado por los economistas Diego Martínez, Manuel Díaz y Carmen Marín, analiza las posibles repercusiones del nuevo impuesto, sin entrar a valorar esta figura tributaria, y determina que los principales rasgos coinciden en esencia con los del actual Impuesto sobre el Patrimonio. Sin embargo, la recaudación de este último se mantendrá en las administraciones regionales, mientras que la del nuevo será percibida por el Estado. De este modo, las comunidades que cuentan con tipos inferiores al estatal o bonificaciones no podrán beneficiar a sus contribuyentes con esas reducciones, ya que el nuevo tributo aumentaría la recaudación hasta compensar la rebaja.

Como ejemplo, Madrid tiene una bonificación del 100%, lo que se traduce en un tipo efectivo del 0%, mientras que en Galicia esta es del 25%, lo que en la práctica reduce todos los tipos en un 25%. Esto implica que el tipo máximo desciende desde el 2,5% al 1,88%. Andalucía, por su parte, ha aprobado recientemente la bonificación del 100%, similar a la de Madrid. En el caso asturiano, el informe de Fedea recuerda que, en el Principado, el tipo máximo del Impuesto sobre el Patrimonio es del 3%, medio punto inferior al 3,5% del estatal.

Por ello, el análisis concluye que las administraciones regionales tendrán «incentivos para aumentar su Impuesto de Patrimonio para bases liquidables por encima de tres millones hasta el nivel fijado en el nuevo impuesto estatal». Sin embargo, las regiones no se verían afectadas por debajo de ese umbral, por lo que podrían mantener las bonificaciones actuales hasta los tres millones. Las fortunas que se verán afectadas por el nuevo tributo serán de distinta cuantía, según la comunidad autónoma, precisamente, por esas diferencias en las bonificaciones. Así, el nivel de patrimonio neto al que comenzarán a verse afectados los contribuyentes de las diferentes comunidades oscila desde los 3,7 millones de euros en Madrid o Andalucía, hasta los 209,9 de Islas Baleares. En Asturias, Murcia y Cantabria se abonaría el impuesto a partir de los 23,9; 25 y 26 millones, respectivamente y, en Galicia, se notaría a partir de 8,6.

En lo referente a haciendas forales, en Vizcaya el patrimonio neto afectado es a partir de los 9,6 millones, en Navarra desde los 10,6 y en Álava y Guipúzcoa desde los 13. Aparte, habría que añadir a todos los cálculos la exención de 300.000 euros de la vivienda habitual.

Fedea, igualmente, advierte de las numerosas incógnitas que deja abiertas aún la propuesta de este tributo. Entre ellas, destaca si Madrid y Andalucía, que han renunciado a recaudar a través del Impuesto sobre el Patrimonio, decidirán recuperarlo. Y subraya que, desde un punto de vista financiero, podría tener sentido, ya que si no lo hacen los ingresos acabarán en el Gobierno central. «No obstante, estas comunidades también podrían reafirmarse en su posición de bonificar la cuota al 100% y reclamar contra la violación de su autonomía tributaria en los tribunales», explican los expertos.

Y luego están el resto de comunidades, entre ellas Asturias, que tienen establecida una tarifa en el Impuesto sobre el Patrimonio inferior a la propuesta en el de solidaridad. «¿Van a permanecer impasibles ante una subida de impuestos hacia sus contribuyentes? En este caso, creemos que estas comunidades posiblemente opten por una subida de su Impuesto sobre el Patrimonio a fin de no perder recaudación en favor del Estado», explican.

Igualmente, Fedea abre la puerta a otras opciones, como que las regiones afectadas puedan establecer instrumentos compensatorios, como bonificaciones en otros impuestos autonómicos o introducir tratamientos fiscales favorables, por ejemplo, en el IRPF. «La competencia fiscal entre comunidades no se impide y seguiría vigente», recalcan los economistas. Por otro lado, queda la duda de cómo se concierta o convenia, según el caso, el impuesto de solidaridad con las haciendas forales.