La plantilla de Alcoa rechaza el ERE e insta al Gobierno a que obligue a la empresa a vender

Los trabajadores de Alcoa en Avilés se niegan a negociar los despidos. Sus representantes acudirán el martes a Madrid, a la reunión a la que les ha citado la empresa, pero lo harán con el objetivo de decir a los responsables de la multinacional que el único plan social que aceptan es el que implica el mantenimiento de la actividad y de los puestos de trabajo. «Que nadie pueda decir que no vamos de buena fe», recalcaban ayer desde el comité de la factoría asturiana los responsables de UGT, CC OO y USO, que consideran que la compañía está utilizando malas artes en este proceso.

Sin embargo, los representantes de la planta de La Coruña, que coinciden en rechazar el cierre de ambas instalaciones, han decidido no acudir a la cita del martes. Varían las estrategias, pero no el fin, aunque en ambos casos se reclama que la negociación pase a las comunidades autónomas, dado que las factorías fueron divididas en dos empresas diferentes.

Alcoa remitió el viernes a los trabajadores la documentación del expediente de regulación de empleo en el que intenta justificar la extinción de la totalidad de la plantilla. Lo hizo casi dos días después de haber dado por iniciado el periodo de consultas para proceder a los despidos, un plazo que tiene legalmente una duración de 30 días pero que los trabajadores no dan por comenzado. En esa documentación alega causas técnicas y organizativas para los cierres, que pasan por las pérdidas de la planta, de unos 37 millones de euros en lo que va de año; por la sobrecapacidad del sector, de la que culpa sobre todo a China; la obsolescencia de las instalaciones y el precio de la electricidad. También ofrece un plan social para minimizar el impacto de los despidos, un plan que el comité no quiere ni plantear, porque su objetivo ahora es paralizar el proceso.

«Iremos de buena fe para decirles que la alternativa no es el cierre», aseguraba ayer el presidente del comité José Manuel Gómez de la Uz (CC OO). Coincidían con él sus compañeros de comité. «El único plan social es la viabilidad de las plantas», insistía Daniel Cuartas (UGT), mientras que Sergio Sobrido (USO) aseguraba que «iremos donde se nos cite, pero no a negociar las condiciones de un despido».

Los representantes de los trabajadores están utilizando varias vías para intentar que la compañía retire el ERE. Por un lado está la judicial: el comité europeo, con sede en Holanda, ha denunciado a Alcoa por vulneración de los derechos de información y consulta y se ha pedido a la Dirección General de Trabajo que paralice el proceso hasta que los tribunales de ese país no tengan una resolución. Pero además está la vía de la presión de las administraciones, del Gobierno y de la Comisión Europea, y ahí es donde los trabajadores piden una mayor beligerancia. Así, los tres sindicatos representados en el comité instan al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que actúe con celeridad y obligue a la empresa a retirar el ERE o a vender las plantas, de cuya posible viabilidad no dudan. El mensaje de Gómez de la Uz, Cuartas y Sobrido es unánime: el Ejecutivo tiene mecanismos para forzar una venta.

Otro asunto es encontrar un comprador. Está previsto que mañana la ministra de Industria, Reyes Maroto, aproveche su viaje a Londres para asistir al World Travel Market para reunirse con Aditya Mittal, el consejero delegado de ArcelorMittal en Europa y presidente de la compañía, al que le pedirá colaboración para captar un inversor para las factorías y que sondee al grupo Liberty House, que acaba de hacerse con las seis factorías de las que Arcelor tuvo que desprenderse para comprar Ilva.