Transportes ultima una norma para limitar el golpe de los precios en la obra pública

Según datos de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), cuatro de cada diez empresas se han visto obligadas a paralizar sus obras y más de un 65% está sufriendo retrasos ante el imparable incremento de costes que transforma en pérdidas lo que hace solo unos meses era rentable. Solo por el encarecimiento de las materias primas, especialmente madera, piedra y cobre, el coste total de las obras se ha encarecido más de un 22% en los últimos meses.

Una situación que también ha puesto en alerta a la Administración, con unos sobrecostes en los contratos de obra pública que los constructores no pueden asumir en solitario, según denuncian desde estas compañías. La amenaza de la cancelación de proyectos está en el aire. Y esto, entre otras cosas, supone un serio riesgo de ejecución para los más de 35.000 millones de euros que el sector recibirá en los próximos meses en forma de fondos europeos.

Conscientes de la urgencia por cumplir los hitos comprometidos con Bruselas, el Ministerio de Transportes tiene preparada una nueva fórmula que permitirá reequilibrar de forma automática los contratos a la evolución de los precios de las materias primas. Este mecanismo, que se aprobaría por real decreto en Consejo de Ministros, sería similar al que regía hasta la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público de 2007 que eliminó esas revisiones de los contratos. «La idea es que ese reequilibrio sea tanto al alza como a la baja, según las alteraciones en los precios posteriores a la presentación de los proyectos», indican las fuentes gubernamentales consultadas.

Otra fórmula que se ha barajado es la de exigir que los contratos incluyan un seguro que cubra ese riesgo por la variación de las materias primas. Sin embargo, esta medida sería más compleja de aplicar de forma inmediata, con lo que se desconoce si finalmente se incluirá en la norma.

El Ejecutivo es consciente de que no se puede permitir un parón en la obra pública en este momento. De hecho, se sabe que ADIF, el administrador de la red ferroviaria, ha comenzado a licitar contratos con revisión de precios. Pero el problema está en aplicarlo ahora a las obras que ya están en marcha.

Y es ahí donde entraría la nueva norma y que, según fuentes consultadas, estaría solo a falta del visto bueno de Hacienda. «Están actuando rápido porque algunas licitaciones corren el riesgo de quedarse desiertas; es decir, sin que se presente ninguna oferta», explican desde una empresa del sector. Ya ha sucedido con dos proyectos en Extremadura y uno en la Comunidad Valenciana. Y todo en un momento en el que el sector calcula que existe un déficit de unos 700.000 trabajadores para hacer frente a las inversiones que les corresponden del Plan de Recuperación.