Las defensas temen que el juicio perjudique a España ante la UE

Los testigos han insistido en que parar la obra ya avanzada para tramitar el modificado suponía que el Cantábrico, que golpeó con olas de diez metros en esa época, hubiera desecho lo avanzado. Entonces «sí que Fernando Rexach estaría aquí, acusado de un mayor daño contable. Le dirían que parar supuso destruir lo avanzado, que valía 22 millones. Hubiera supuesto arrojar 22 millones al mar, se habrían perdido Fondos de Cohesión y Gijón no tendría ampliación», repuso Agustín Azparren, abogado del expresidente de El Musel. Para el letrado, «no había alternativa». El jurista recordó que España defiende ante la UE la legalidad de lo realizado, pero «sorpresivamente» en el Tribunal de Cuentas el abogado del Estado tomó la posición contraria. «Si un funcionario de la Comisión ve por internet esto España quedaría en una posición delicada», deslizó.

Vilulfo Díaz, letrado del exdirector, recordó que el principal auditor de obras marítimas del mundo concluyó que al final El Musel recibió una infraestructura que vale 92 millones más de lo que pagó por ella. «No hay daño al erario, no hay dolo», destacó. «Todas las actuaciones fueron informadas favorablemente por la Abogacía del Estado y Puertos del Estado, que jerárquicamente eran sus superiores», anotó.