Aislamientos e interdependencia

Los que nos dedicamos a las leyes, hemos constatado cómo el ordenamiento jurídico, pese a contar con numerosas normas estatales o autonómicas sobre salud pública e incluso regulación de las situaciones de emergencia, carecía no ya de herramientas para detener una calamidad imprevisible, de etiología más que dudosa y efectos devastadores ante la carencia inicial de medios preventivos o curativos, sino de unas pautas claras para asimilar un impacto de tal gravedad. Perdón por la dureza de estas palabras que escribí en otro foro: unas leyes sanitarias a aplicar en pandemias letales donde no se mientan las palabras muerte, ni cadáver, ni féretro, ni inhumaciones o cremaciones, parecen pensadas para el catarro común. Son de analgésico y pañuelos de celulosa. Y no será porque no hayan llegado a España infecciones de medio mundo y virus que han hecho estragos. Pero se ve que las dimensiones de esas importaciones, permitieron un control que nada tiene que ver con la situación desbocada que estamos viviendo.

Entre las carencias que se observan y que se han ido salvando, casi siempre con buena voluntad, está una política única, no limitada a la declaración del estado de alarma, de la gestión de la crisis y de las medidas a imponer a una ciudadanía igual en derechos y deberes, con independencia de su territorio, como señalan varios preceptos de la Constitución. De acuerdo con ésta, al Estado le corresponde la competencia exclusiva sobre sanidad exterior -y el coronavirus no entiende de fronteras-, junto a las bases y coordinación general de la sanidad y la legislación sobre productos farmacéuticos. A las Comunidades Autónomas, aparte del desarrollo de esas bases, se les atribuye la regulación y gestión de la sanidad, obviamente interior y de lo que aún, como nuestros ilustrados, la ley fundamental sigue llamando higiene.

Pese a existir un Consejo Interterritorial que, como otras conferencias sectoriales, trata de aunar criterios en toda España, hemos asistido a muchas decisiones 'por libre' de algunas autonomías, incluso con un punto de estridencia y temeridad. No es fácil, en verdad, respetar el autogobierno y lograr una sensata unidad de actuación en todo el país.

Esa disparidad ha llevado -y Asturias es un claro ejemplo- a que, con base en las mutantes situaciones epidemiológicas, cada región también fragmente, por municipios o áreas sanitarias, las limitaciones de los vecinos hasta llegar a los llamados cierres perimetrales. Ese aislamiento, de cuya necesidad no oso dudar en estas líneas, supone una doble barrera: con los términos limítrofes y con el resto del territorio nacional. Quienes, ideológicamente convencidos o, simplemente, en broma, decían lo de quedarse solos a gobernarse o poner barreras -'cerrar el puertu'- deberán reparar en la grandeza de la libertad de movimientos y en el primitivismo de zanjas, barreras y trincheras. Recuperar el tránsito y fundirse con los vecinos es una necesidad anímica de primer orden, sin minusvalorar la importancia comercial y cultural de reabrirse al mundo, empezando por el que está pasando un puente o un alto de montaña.

Somos interdependientes. El que no lo quiera ver es por pura necedad. Mismamente, sin la Unión Europea, ¿qué horizonte de vacunación podríamos tener? En una reciente declaración de la Unión de Europeístas y Federalistas (UEF), se afirma con razón que «no puede rebajarse a la condición de anecdótica la simultánea puesta en marcha de la vacunación en los países de la Unión; muy al contrario, escenifica la condición de una ciudadanía igual en derechos y deberes».

Ahora, dentro de este duro caparazón territorial, debemos reflexionar sobre las limitaciones de los localismos en una sociedad global donde, para colmo, prácticamente no podemos ver físicamente ni a quienes nos gobiernan ni a quienes gestionan nuestros derechos y nuestras necesidades. A veces, desde la sensación de indefensión que produce la frialdad y limitación de la atención telemática. También de ese aislamiento social por la brecha tecnológica tendremos que aprender.