Los trabajadores de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos de Asturias S.A. (ITVASA) han retomado la huelga iniciada durante el último trimestre de ... 2023. Tienen convocadas 33 jornadas de paro hasta la Semana Santa. Reclaman el cumplimiento del compromiso alcanzado hace cuatro años con la empresa de aumentar la plantilla con nuevas contrataciones para volver al régimen de trabajo de 35 horas semanales, así como un plus de antigüedad. Hasta ahora el déficit de empleados se cubre con una cantidad elevada de horas extra. Las consecuencias de los paros se notan en la gran demanda de inspecciones que están sin atender. En las estaciones del área central, los ciudadanos tienen que esperar entre los 89 y los 111 días, desde que contactan con ITVASA hasta que revisan el vehículo en sus instalaciones. En las alas de la región, el tiempo de espera oscila entre los 64 y los 80 días. La situación es muy gravosa para miles de ciudadanos al verse abocados a utilizar un vehículo que está en una situación administrativa irregular, susceptible de acarrearles la imposición de una sanción. Ante el dilema de dejar el coche en el garaje o arriesgarse a una multa, cada vez hay más asturianos que se desplazan a las comunidades autónomas limítrofes para pasar la inspección en alguna de sus estaciones. En la tardanza en acceder a la acreditación de ITVASA influye el hecho de que las estaciones asturianas son las más exigentes de España. Al 32% de los turismos les detectan defectos graves que deben subsanar para recibir la acreditación; en el conjunto del país el promedio es del 17,3% de suspensos. El 46,3% de los camiones, de menos de 3,5 toneladas, no superan la prueba, mientras la media nacional de fracasos está en el 24,4%. En los camiones pesados, el porcentaje de defectos graves alcanza al 52,4% de los vehículos y en el resto de España el promedio de rechazo es del 28,8%.
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El conflicto tiene antecedentes que permiten hablar de un problema estructural. En 2016, las estaciones asturianas llegaron a trabajar con un tiempo de espera para los clientes de 84 días, cuando sus homólogas, en Lugo y Cantabria, atendían a los cuatro días de solicitar la inspección. En junio de 2020, al acabar la etapa del confinamiento, el tiempo de espera se prolongó hasta los 115 días, mientras en las regiones vecinas atendían el mismo mes que recibían la petición o, como mucho, al siguiente. La tardanza en prestar el servicio hace que los automovilistas, los transportistas y las asociaciones de consumidores apunten hacia el modelo asturiano de ITV como causante de las deficiencias, al ser una empresa pública dependiente del Principado la que gestiona todas las estaciones. Solamente en Andalucía está implantado ese modelo. Se entiende que al tratarse de un negocio de acreditaciones públicas que está, además, relacionado con la seguridad vial, se haya optado, en 1987, cuando se creó la empresa, por integrarla en el sector público autonómico, como sociedad anónima, siendo el Principado el accionista universal de la sociedad. No obstante, al compararla con las empresas similares de otras regiones, de naturaleza privada, se aprecian las ventajas de una gestión más ágil y más adaptada a las necesidades de los ciudadanos, con mejora en los plazos de espera y horarios más flexibles, con campañas específicas para algunos sectores, como el agrícola, desplazándose para examinar sus vehículos, 'in situ', con estaciones móviles. La mejora estriba en que bajo la autorización administrativa de la comunidad autónoma haya varias empresas compitiendo en calidad, precio y servicio. ITVASA, dada su ubicación en el sector público, tiene algunas rigideces que la llevaron, en su momento, a tener un tope en el incremento de gastos en personal que no guarda sintonía con sus beneficios. El presidente del Principado afirmó que no se plantea el cambio de modelo. Con independencia de la naturaleza de la empresa, el Gobierno asturiano debe tomar decisiones para que el servicio de inspección de vehículos no cause tantos trastornos a los clientes.
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