Ejecución de las inversiones

Las cifras propiciaron la crítica de la oposición al Gobierno, mientras que éste se extendió en consideraciones sobre los contratos ya sacados a concurso que, en el caso del presupuesto del de 2022, alcanzan una cuantía sensiblemente superior a la lograda en el anterior ejercicio, o sobre las adjudicaciones de contratos, que se elevan un 20% por encima del año pasado.

Más allá de los casos concretos sometidos a debate deberían hacerse algunas consideraciones de carácter general sobre la ejecución de inversiones. En cuatro décadas de etapa autonómica, la gestión del presupuesto, el gasto de las partidas, no constituyó una prioridad del debate parlamentario. Las rendiciones y peticiones de cuentas fueron sobre asuntos concretos, casi nunca sobre el presupuesto en su conjunto. Las mayores energías siempre se dedicaron a la negociación del proyecto presupuestario, la redacción de enmiendas y la explicación sobre el sentido del voto, tanto de apoyo como de rechazo. A partir de ahí, cumplido el expediente, decae el interés sobre la gestión de las partidas. No hablemos ya de los planes sectoriales de carácter plurianual, como el Plan de Carreteras 2015-2030, que quedan como una referencia de fondo, que admite interpretaciones flexibles, como si fuera un asunto que atañese más a funcionarios que a políticos. Si se echa la vista atrás, se encuentran casos llamativos como, por ejemplo, la importancia que se dio en su día al planeamiento demográfico del Principado, que preveía un gasto de más de 2.275 millones hasta 2027 y ahora no se toma de referencia ni en los debates sobre la cuestión. Poner el énfasis en los planes y desentenderse de la ejecución demuestra falta de rigor en las instituciones al tratar los problemas. Otro factor que opera, de manera creciente, sobre la escasa ejecución de las cuentas es la propia Administración pública, que ha duplicado y triplicado trámites en aras de un supuesto mejor control de la gestión, y solo sirven para lentificar las actuaciones. La reforma de la Administración que elabora el Principado debería de ser una herramienta fundamental para reducir tiempos y ganar en eficacia. La evolución de la economía es otro asunto que pasa por alto en los planes sobre inversiones en infraestructuras. Por mucha voluntad política que tengan los gobernantes, si el PIB apenas crece, o si se desploma, las inversiones aprobadas quedan sin gastar. Lo hemos visto en la gran recesión de 2008 y durante la pandemia. Proponer actuaciones de gran envergadura sin estar respaldadas por un fuerte crecimiento económico es hacer demagogia con el presupuesto. De cara al futuro se debería prestar más atención a la ejecución presupuestaria, con controles trimestrales; para mejorar es preciso agilizar los procedimientos de la Administración y elegir muy bien las prioridades, ya que no se pueden financiar muchas inversiones a la vez. Todo ello debe partir de una premisa: los presupuestos deben ser realistas en los ingresos que se prevén y en los gastos comprometidos. En caso de no ser así, la ejecución de las cuentas nace viciada.