La Red Asturiana de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión (EAPN) presentó en la Junta General del Principado el informe, 'El estado de la pobreza en Asturias 2022 ... ', donde destaca como dato más novedoso que 10.000 personas salieron de la pobreza el pasado año en nuestra región. En el informe se valora la pobreza por el indicador AROPE (creado por la propia EAPN) que incluye una serie de parámetros, como el riesgo de pobreza, la privación severa de recursos o el empleo. Aplicando el indicador a la población asturiana se observó que hay un 26,3% de personas en riesgo de pobreza, un punto porcentual menos que el año anterior. Esta ligera mejoría no debe dar paso al optimismo, ya que todavía hay 266.195 ciudadanos en riesgo de pobreza y exclusión. Rescatar a 10.000 personas del pozo de la pobreza es un pequeño avance, pero se debe tener en cuenta que con respecto al año 2008, cuando empezó la crisis financiera, la pobreza creció un 43,1%, y con respecto a 2015, año en que se aprobó por Naciones Unidad la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aumentó en el 16,9%. En definitiva, hay más de una cuarta parte de asturianos que están en riesgo de pobreza y exclusión, y hace unos pocos años eran muchas menos las personas que se encontraban a punto de cruzar el umbral de la suficiencia a la carencia, de la integración a la marginación.
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Desde EAPN señalan que las prestaciones socialesdel Principado han servido para que haya un porcentaje sensiblemente menor de personas en estado de pobreza severa (ingresos inferiores a 530 euros al mes) que en el conjunto nacional. En el escudo social de asturiano está el salario social básico, creado en el año 2005, al que se ha sumado el ingreso mínimo vital. En la actualidad, hay 19.000 hogares viviendo de esas dos prestaciones. Para entender la contradicción que supone tener un sistema potente de prestaciones sociales y un alto porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad, hay que acercarse a realidades concretas. El medio en el que se vive, el sexo y la edad tienen una relación directa con la pobreza.
En el último año, la tasa de pobreza en la zona rural se incrementó en el 63,3%, mientras que en las áreas urbanas disminuyó el 16,6%. Cualquier
política de reequilibrio territorial incidirá positivamente sobre la falta de recursos económicos de la población rural. Uno de los aspectos más llamativos del informe estriba en que aumentan las mujeres en riesgo de pobreza y disminuyen los hombres. En una región con el 52,2% de mujeres y 47,7% de hombres, hay 118.000 mujeres en riesgo de pobreza y 88.000 hombres. En términos absolutos la brecha es de 30.000, siendo en términos porcentuales, de 15 puntos. Desde la EAPN afirman que la divergencia se debe a la ausencia de trabajo con perspectiva de género. Si se observan las tasas de pobreza en función de la edad, resulta que los menores de 18 años son los que están en una situación más crítica, con casi un tercio de ellos en riesgo de pobreza. Según se eleva la edad va descendiendo el riesgo, que entre los adultos es del 20,8%, mientras que en la tercera edad se reduce al 14,5%.
Una mejora en la asignación de recursos para los colectivos más afectados redundará claramente en la bolsa de pobreza, pero el abordaje del problema desde la única herramienta del gasto social tiene un techo. No hay ejemplos de sociedades avanzadas en que una parte importante de la población vive de subsidios sociales. A la transferencia de rentas de la Administración pública tiene que asociarse la oferta laboral para las personas que viven de las subvenciones. Los mecanismos de habilitación laboral tienen que potenciarse. El mercado del trabajo es el único destino estable de tantas personas desamparadas. Todo lo anterior debe ser complementado con una reflexión sobre la importancia que tiene una sociedad solidaria, que no margina a la población vulnerable. Una meta de las instituciones públicas y de la sociedad, en su conjunto, debe ser reducir la pobreza y acabar con la pobreza severa, tal como figura en el primer objetivo de la Agenda 2030.
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