Radiografía de las pensiones

Distintos informes de la Unión Europea, insisten en que las reformas necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema pueden tener una aceptación social escasa, por lo que se requieren esfuerzos para lograr una amplia aceptación política y social de los fundamentos de las mismas.

Las primeras reformas (años 80 y 90) extendieron el período de cómputo para el cálculo de la base reguladora (sucesivamente de dos, a ocho y a quince años). En 2010 se congelaron para 2011 las pensiones contributivas, aumentó la edad de jubilación a 67 años, el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora a 25 años, y la carrera completa de cotización a 37 años. La reforma de 2013 (ya derogada) fijó un mecanismo de control automático del gasto mediante un índice de revalorización ligado a la situación financiera del sistema que abocaba casi siempre a subidas no superiores al 0,25%; también introdujo el factor de sostenibilidad que ligaba el cálculo de la pensión inicial a la esperanza de vida (mayor esperanza de vida menor pensión).

La reforma 2021/2023 incide básicamente en el aumento del gasto, y escasamente en el aumento de los ingresos (informe AIRef 2/2023). Se revalorizan las pensiones con el IPC. Se modifica la estructura de castigos y premios a la jubilación anticipada y demorada para acercar la edad efectiva a la edad legal de jubilación, medida sobrevalorada en cuanto a sus efectos sobre la reducción del gasto al no aumentar la edad legal. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) abre una hucha con aumento de cotizaciones para pagar pensiones a partir de 2033, y fija una regla que prevé ajustes en caso de desviaciones en ingresos y gastos, aplicable ya en 2025, sobre la que la AIReF ha dicho que «presenta debilidades de diseño, y … ausencia de la coherencia con el marco fiscal», y exige a los cotizantes (babyboomers) un mayor esfuerzo de cotización para percibir una pensión en condiciones similares a las actuales. Como gastos impropios señala las partidas que por su naturaleza no deben financiarse con cotizaciones sino con impuestos. Su diseño conlleva el riesgo de que a modo de cajón de sastre se califiquen como impropias partidas discrecionalmente para cuadrar las cuentas del sistema, si llega el caso, pues como señala García Díaz, MA, no hay una metodología para identificar objetivamente los criterios para calificar un gasto como impropio. La cotización para autónomos según rentas reales tiene riesgo de incentivar falsos autónomos por tener bases de cotización inferiores a los mínimos para asalariados. Se destopan las bases máximas de cotización y se crea una cuota progresiva de solidaridad sobre rentas por encima de la base máxima de cotización sin derecho a prestaciones para el trabajador, medidas de escasa recaudación y no contributivas, pues mayores aportaciones no guardan correlación con incrementos en las prestaciones, y se convierte en un impuesto adicional sobre las rentas del trabajo. En materia de base reguladora la elección es entre la situación actual -últimos 25 años- o los últimos 29 años desechando los dos peores, medida muy tenue que apenas cambia nada y origina mayor gasto. Se promueve la previsión social complementaria (fondos de pensiones públicos de empleo) con un tratamiento fiscal asimétrico respecto a los planes de ahorro individual que discrimina a éstos últimos. Otras medidas necesarias han sido la subida de las pensiones mínimas al 60% de la renta mediana en 2027, el mejor tratamiento de las lagunas en cotizaciones para el cálculo de la pensión y mejoras de cálculo de pensiones por brecha de género.

Se espera que en 2050 el gasto sobre PIB en pensiones no exceda del 15%, sin embargo, para pasar el examen de Bruselas, hay medidas correctoras, que en caso de desviaciones, abocarán a reducción de gasto, aumento de las cotizaciones, e incluso recurso a la deuda (Disposición Adicional 2ª RD Ley 2/2023). Con la incertidumbre lógica de las estimaciones, todo parece indicar que habrá desajustes, la AIReF cuantifica el gasto en 2049 en el 16,3% del PIB. La revalorización conforme al IPC, junto con la expansión del gasto derivada de las nuevas pensiones y de la mayor cuantía de las pensiones que entran respecto a las que salen, sin otras medidas correctoras, probablemente traerá déficit en la parte contributiva del sistema, y, si las fuerzas políticas perseveran en la expansión del gasto, como por otra parte es legítimo, deberían informar a la ciudadanía de que hará falta recurrir a impuestos o deuda para hacer viable el sistema, pues el recurso a sucesivas subidas de cotizaciones es nocivo para el empleo y la competitividad de las empresas. También, que quedará menos dinero para dependencia, sanidad…, y que se generarán inequidades al hacer recaer el esfuerzo fiscal extra en futuras generaciones. El economista Ángel de la Fuente, en una reciente conferencia en Gijón, ha sugerido para el caso de que no se tomen medidas correctoras, la posibilidad de aplicar un recargo en el IRPF para completar la financiación de las pensiones.

La última reforma es incompleta porque se autoimpone medidas correctoras en el corto plazo, a cargo de futuros gobiernos; y como han dicho algunos expertos (García Díaz, MA, entre otros) se basa en previsiones «extraordinariamente optimistas»; además, el menoscabo de la contributividad, puede favorecer la percepción de que las cotizaciones no luzcan en las pensiones, y por tanto, desincentivos a cotizar.

Otras opciones podrían apoyar la sostenibilidad del sistema. Una de ellas, el aumento de la edad legal de jubilación y de los años de carrera completa para profesiones que estén en condiciones, hoy en día mayoría, pues el aumento de la esperanza de vida también viene acompañado de mejores condiciones físicas y mentales para el envejecimiento activo. Otra, vinculada al refuerzo de la contributividad y equidad del sistema como la ampliación efectiva (inapreciable en la última reforma) del periodo de cómputo a efectos del cálculo de la pensión, así como avanzar en el aumento de penalizaciones a las jubilaciones anticipadas voluntarias y la posibilidad de continuar trabajando tras la jubilación.

Los escenarios económicos favorables ayudan a la sostenibilidad de cualquier modelo de pensiones (se estima que tres décimas más de crecimiento a largo plazo reducirían el gasto en pensiones en 1,3 puntos en 2050, respecto al escenario base). Por ello, el énfasis no debe ponerse solamente en los cambios que afectan a los parámetros del sistema, sino también en las políticas económicas enfocadas al crecimiento, a la creación de empleo y al incremento de la productividad de la economía, mediante reformas estructurales del mercado de trabajo, formación, eficiencia en el gasto público, apuesta creíble por la investigación y la innovación tecnológica, y políticas de natalidad y migratorias ajustadas a las necesidades del país.

Como ha manifestado la presidenta de la AIReF, en 2024 previsiblemente volverán las reglas fiscales y en pocos años se percibirá la presión del envejecimiento, y será imprescindible un acuerdo país de consenso que aborde el reto del envejecimiento de forma integral compatibilizando crecimiento y sostenibilidad. Vista la aversión de la clase política a los grandes pactos, la tarea se presenta difícil, aunque no imposible.