Cuando se cumplía un año de mandato autonómico, Adrián Barbón anunció «una reforma muy amplia de la Administración del Principado para adaptarla al siglo XXI» ... y encargó al vicepresidente, Juan Cofiño, el cometido de llevarla a cabo. El reto es difícil por la inercia de una institución de gran tamaño, con intereses encontrados y donde los empleados públicos tienen un estatus especial, al ser en gran parte propietarios de las plazas que ocupan (funcionarios de carrera). En legislaturas anteriores se ensayaron dos tipos de reforma; se introdujo el concepto de carrera profesional (mandato 2007-2011), que sirvió como complemento para incrementar las percepciones salariales de los empleados públicos, sin ir acompañado de un aumento de la productividad, y las tres leyes de racionalización de la Administración, en las dos legislaturas previas a la actual, que se centraron en reducir entes públicos, aunque al final, se limitaron a fusionarlos preservando las plantillas. La actual Administración del Principado no es sostenible, con un creciente número de empleados que han elevado la factura del personal en casi 400 millones de euros en los últimos ocho años. El esfuerzo económico no supuso una mejora en el servicio al administrado al alargarse las tramitaciones fruto de una normativa exigente y minuciosa. Un funcionamiento lento e ineficaz que contribuye a que las ejecuciones presupuestarias sean bajas, desvirtuando las decisiones tomadas para la distribución de recursos, y que no se acceda a subvenciones europeas diseñadas para territorios como Asturias. La Administración consume muchos recursos en su propio funcionamiento interno, impidiendo que una parte sustancial de los ingresos tributarios se pueda destinar a la inversión productiva de la que se beneficia la sociedad
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En el marco de V Jornadas Pegados a la Tierra, organizadas por EL COMERCIO, Juan Cofiño tuvo ocasión de referirse a la reforma de la Administración Regional. En esta materia, la primera novedad del mandato estuvo en la Ley de Medidas Administrativas Urgentes que simplifica aspectos de la intervención administrativa, sobre todo en sectores muy interrelacionados con la actividad económica, como la ordenación del territorio o el medio ambiente. Cambia el modelo de control sobre el uso que se hace de la ley, al optar por el control a posteriori, permitiendo que particulares o empresas puedan acogerse a la declaración responsable para no detener la actividad que gestionan o emprenden, pero sabedores de que luego su actuación será supervisada. Ahora bien, el núcleo duro de la reforma de la Administración tiene que ver con el trabajo de los funcionarios. Para ello se está tramitando la Ley de Empleo Público. El vicepresidente señaló que uno de los objetivos fundamentales de la norma es ponderar el trabajo de los funcionarios públicos, que sea evaluable, y pagar el rendimiento de cada uno en función de unos objetivos previamente explicitados. Es un intento serio de acabar con el café para todos y remunerar en función del trabajo personal. Nunca se ensayó algo parecido, ya que los complementos de productividad, escasos y con baja dotación económica, no cambiaron la forma de trabajar. No cabe duda de que el desarrollo de la ley se topará con fuertes resistencias internas, ya que introduce una nueva cultura laboral en una Administración pública sindicalizada, donde siempre se puso el énfasis en el cumplimiento de los horarios y se evitó evaluar la actividad de los funcionarios. Otro problema que debe abordar la reforma de la Administración es la «hipertrofia legislativa», como la denominó Cofiño. Es preciso revisar las normas y eliminar trámites sin contenido que hacen más abstruso el procedimiento administrativo. También hay que vencer las resistencias que ofrecen los funcionarios llevando al límite el sistema de garantías y convirtiendo la prevención en un obstáculo. La viabilidad de la reforma administrativa está ligada al éxito de la Ley de Empleo Público.
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