Las comisiones de investigación como instrumento democrático

Cierto puede ser que con esta atribución a varias personas de tales tareas puede dar lugar a un aumento de la burocracia y, sobre todo, del 'red tape' o papeleo pero, pese a correr tal riesgo, dado el número de intereses que se suelen entrecruzar en estos asuntos, valdrá la pena asumir tales posibles inconvenientes.

Las Comisiones forman parte de lo que en 1966 llamó Henri Deroche 'mitos administrativos', que permitirán al poder ejecutivo intervenir en una serie de temas sin incurrir en un incumplimiento de la llamada división de poderes.

Como al principio señalábamos, nuestra Magna Carta perfila el contenido de tales Comisiones de Investigación, que serán «nombradas por el Congreso y el Senado, y en su caso, por ambas Cámaras», para ocuparse de «cualquier asunto de interés público», si bien «sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a resoluciones judiciales, sin perjuicio, de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal, para el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas». La comparecencia ante tales Comisiones «será obligatoria a requerimiento de las Cámaras, debiendo regularse por Ley, las sanciones que puedan imponerse por el incumplimiento de esta obligación».

La doctrina constitucionalista suele hacer algunas observaciones sobre nuestro asunto: considera conveniente que se eviten interferencias en las Comisiones de Investigación; destaca que tiene muchos puntos de coincidencia con la actuación judicial, algo difícil de comprender si no fuera por la gran preocupación por la especialidad de sus funciones; y en fin, permite que entre las dos investigaciones por parte del Poder ejecutivo y el judicial podrá existir coordinación, como se advierte, al haberse establecido que «el resultado de la investigación sea comunicada al Ministerio Fiscal».

Figura relevante será el nombramiento del Presidente de la Comisión, que deberá dirigir «los debates y orientar la decisión», labores no siempre fáciles, pues cada comisario suele tener una clientela que espera ser la de satisfacción a sus deseos.

El ejercicio de la función adecuada del Presidente podrá evitar que una buena parte de las sesiones se dedique solamente a reprocharse mutuamente por parte de los comisarios sus conductas ya pasadas en este orden de cosas, referidas al comportamiento ético público por parte de quienes en ellas incurrieron.

Mucho sería de desear que, en el futuro, el número y actividad de ciertas Comisiones de Investigación, fuesen cada vez menos necesarias, pues ello daría tranquilidad a todos los españoles, al ser un indicio de que la ética, en política, iría mejorando para bien de la Nación.