El TSJA avala la resolución del contrato de 'los palacios' por parte del Ayuntamiento

La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por el Banco de Santander contra la resolución del contrato de 'los palacios' instada por el Ayuntamiento por los «gravísimos» incumplimientos del mismo por parte de la empresa, Jovellanos XXI, propiedad entonces de las familias Cosmen y Lago y ahora en liquidación. El fallo avala la resolución anterior del Contencioso-Administrativo número 4 y cierra la puerta a ulteriores intentos de revertir la decisión que tomó el anterior equipo de gobierno en septiembre de 2013.

El Palacio de Congresos se inauguró en mayo de 2011, en plena campaña electoral. El arzobispo, Jesús Sanz Montes, bendijo un edificio en el que ya se sabía que no se movería la visera y en el que, hasta minutos antes, estuvieron reunidos técnicos municipales y de la empresa para firmar la recepción de las obras con varias salvedades.

La promotora y adjudicataria del llamado contrato de 'los palacios', Jovellanos XXI, ya daba señales de agotamiento. Ese verano, de hecho, estaba en preconcurso de acreedores. En octubre del año siguiente, solicitó acogerse a la antigua suspensión de pagos declarando un agujero, que no ha parado de crecer, de 90 millones de euros.

Casi un año más tarde, apenas unas semanas antes de que el juzgado aprobara el concurso, lo que conllevaba de forma automática la finalización del contrato, el Ayuntamiento resolvió el acuerdo por incumplimientos «gravísimos» de la empresa. Entre ellos, el cobro de tarifas no autorizadas, la subcontratación total de la concesión y la financiación con cargo a la hipoteca sobre la concesión de obras ajenas a las del Palacio de Congresos, como las de El Vasco.

De hipotecas

Cuando la resolución del contrato devino en firme, contra ella alegaron, ya no la sociedad -entonces en trámite de liquidación- sino sus acreedores: Lexaudit, como administrador concursal, y el Banco Santander, en reclamación de su garantía hipotecaria, del dinero que prestó a los Cosmen y Lago contra los derechos de explotación del edificio hasta el año 2061.

El banco alegó y, tal vez, erró al admitir que con su hipoteca sobre la concesión (dos pólizas por un máximo de 50 y 13 millones de euros) se financiaron obras distintas a las del centro de congresos, entre ellas las del hotel (hoy Ayre Oviedo) y las del aparcamiento. La entidad financiera entendía que «el proyecto constructivo que el Consistorio ponía en marcha debía entenderse como un todo», que abarcase el diseño, construcción y explotación de «numerosos edificios» en dos parcelas distintas, El Vasco y Buenavista.

Sin embargo, el TSJA entiende, como hizo en primera instancia el juez, que la resolución del contrato es correcta porque la autorización para hipotecar la concesión, que el Ayuntamiento concedió a Jovellanos XXI en 2007, limitaba aquella a la financiación de las obras del propio Palacio de Congresos.

El fallo cierra un capítulo: ya no caben más intentos por parte del Banco de Santander o de los administradores concursales de anular la resolución del contrato y llevarla ante el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid, donde se dirime el concurso de la empresa.

Lo que queda es hablar de dinero. El anterior equipo de gobierno dio luz verde a una liquidación en la que estimaba que la empresa había obtenido derechos edificatorios «en exceso» por 95 millones de euros. Lejos de pagar por el Palacio de Congresos, la empresa se había lucrado de más.

Ni que decir tiene que Lexaudit y el Banco Santander sostienen lo contrario en sendos recursos. Ambos piden que se anule la liquidación y que la administración pague por un edificio que recepcionó y valoró, sin discusión, en 96 millones en 2011 y disfruta desde entonces sin haber satisfecho un solo euro por él. Quieren 90 millones, más los correspondientes intereses desde 2011. Ambos recursos, insisten en que el contrato de 'los palacios' es un «contrato de naturaleza concesional», en el que a la administración no le cabría otra que pagar por lo ejecutado. Lo puede parecer, pero lo cierto es que se adjudicó una década antes de que la legislación regulase el contrato de obra y concesión.

Los dos pleitos no empezarán a verse hasta la próxima primavera. El Ayuntamiento se juega mucho, casi tanto como la mitad de su presupuesto anual, al albur de una sentencia que, de adversa, obligaría a provisionar los fondos. Con los jueces hay que tener cuidado. Sin ir más lejos, al Santander por la temeridad de su recurso le han impuesto las costas: 1.500 euros.