El Ayuntamiento resuelve la venta de otra parcela de Olloniego tras ocho años

La junta de gobierno ha acordado iniciar la resolución del contrato de compraventa de una parcela de la primera fase del polígono de Olloniego-Tudela con la empresa Gulías Hermanos Construcciones. Lo llamativo es que lo hace a propuesta de la propia empresa, pese a que el Ayuntamiento concedió y dejó caducar sin tomar medidas sucesivas prórrogas para que la constructora cumpliese el contrato y completase la construcción de la nave proyectada. Ni siquiera actuó, cuando la propia sección de Licencias, tras una serie de informes, declaró caducados los permisos de actividad y obras en septiembre de 2016.

Los hechos se remontan a hace una década. En junio de 2010, la junta de gobierno adjudicó definitivamente la parcela B-2 del polígono industrial Olloniego-Tudela a la empresa por 122.294 euros. Las condiciones del acuerdo obligaban a los compradores de estos terrenos, fuertemente subvencionados con fondos mineros, a pedir la licencia dentro de los seis meses siguientes a la adjudicación y a iniciar las obras en los seis siguientes a la concesión de la licencia, debiendo estar terminadas en un máximo de 18 meses a contar desde entonces. La empresa inició la construcción de su nave, un almacén para materiales de construcción, en septiembre de 2011. En marzo del año siguiente, los técnicos de Licencias informaron que la parcela estaba cerrada con una malla metálica y que se había ejecutado la cimentación de una nave.

Un año más tarde, en noviembre de 2012, las obras seguían exactamente igual, por lo que, cumplidos los plazos, la sección de Licencias otorgó a la empresa trámite de audiencia previa a la declaración de la caducidad de la licencia. La empresa alegó que debido a la falta de carga de trabajo, había tenido que aprobar un ERE con suspensión temporal por seis meses para toda la plantilla y que, una vez transcurrido el plazo, tuvo que hacer efectivos los despidos definitivos. Sin embargo, recientemente había conseguido dos nuevos contratos de obra pública de la Junta de Saneamiento del Principado, «lo que le permitiría recuperar parte de la plantilla y estar en disposición de continuar con la actividad y reanudar los trabajos».

El Ayuntamiento atendió a las razones y concedió a la empresa una primera prórroga de tres meses. Un año después, todo seguía igual y aún así, Urbanismo concedió un nuevo aplazamiento por seis meses. En marzo de 2014, con informes de Contratación, Abogacía e Intervención se le dio una tercera ampliación hasta final de año. Tampoco. Solo cuando la empresa ha pedido resolver el contrato y recuperar el dinero, se ha aprobado el trámite.