«De mi época no hay contratos con la empresa investigada», insiste López

«No hay contratos con la empresa investigada, al menos de mi época». El comisario principal José Manuel López se mostró ayer muy tranquilo tras prestar declaración ante la Policía Nacional como investigado en la 'operación Enredadera'. Y puede ser cierto. Los años investigados coinciden con los de un doble relevo en el mano de la Policía Local de Oviedo. El primero en 2009, cuando Gabino de Lorenzo devolvió el mando a Agustín de Luis, después de cuatro años en dique seco, y apartó a José Manuel López a Protección Civil; y el segundo, en 2012, cuando la jubilación del primero, convirtió a López de nuevo en jefe. Cada cambio fue seguido de profundas reorganizaciones del servicio -«purgas», dice un agente sin afiliación sindical- y cambios de criterio técnico, todo en medio del proceso de modernización tecnológica de la Policía Local.

En realidad, el Ayuntamiento sí tiene a Gespol dentro de la casa. Una versión antigua de la aplicación se usa en las PDA que incorporó De Luis al servicio en 2010. Gespol sí aparece, pero no la empresa ni siquiera el contrato. La única referencia que encontró ayer el equipo de gobierno es el mantenimiento de la aplicación Gespol, por el que el Ayuntamiento pagó 8.862 euros a Bilbomática en agosto de 2015.

La UDEF curiosamente buscaba incluso información de empresas que no ganaron el contrato al que optaban. Los agentes se interesaron por la oferta presentada por Sacyr a través de Valoriza al contrato de la zona azul, que ganó de nuevo Eysa en 2014 después de que el alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, maniobrase para que la gestión del contrato siguiera en las Consistoriales y no pasase a manos de la Policía Local, según recordaron ayer fuentes del PP.

Otras cosas: como el choque entre el comisario y el concejal acerca del contrato de gestión del tráfico en el que el primero quería incluir un servicio de gestión de sanciones para poder sacar más agentes a la calle. Pese a la insistencia y pese a que ambos visitaron municipios que tienen implantada la herramienta, como Fuenlabrada cuyo jefe de Policía Local fue detenido ayer, se impuso el criterio del concejal Ricardo Fernández.