Indra estudia la compra de Santa Bárbara Sistemas dentro de su plan de expansión

Todos, movimientos encuadrados en el plan estratégico de la compañía, anticipado por su ahora presidente ejecutivo, Marc Murtra, tras la junta de accionistas del 30 de junio del año pasado. «Indra tiene la vocación y la decisión de ser el gran operador tecnológico en el ámbito de la defensa, de ser la gran empresa de defensa española y, por tanto, sí de ser el campeón nacional», manifestaba entonces. A ese respecto, las fuentes consultadas ayer por este diario tanto de Santa Bárbara Sistemas como de Indra declinaron realizar comentarios.

Indra no es una compañía ajena en todo lo que tiene que ver con el sector de la defensa en Asturias. Junto a Santa Bárbara Sistemas, Sapa y Escribano forma el consorcio Tess Defence, que se encarga de la fabricación del Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8x8 Dragón por 2.520 millones de euros en la fábrica de armas de Trubia, y que hará lo propio con el novedoso blindado VAC (Vehículo de Apoyo a Cadenas), del que se producirán 394 unidades por otros 1.970 millones de euros.

En ese sentido, fue en febrero cuando se conoció que la multinacional, que ya cuenta con el 25% de las acciones de la 'joint venture', lanzó sendas propuestas al resto de socios para comprarles una parte de sus participaciones y hacerse con el 51% de Tess Defence, lo que le daría un papel mayoritario en los contratos en marcha. Contratos de blindados cuyo ciclo de fabricación integral tiene lugar en la factoría de la villa cañonera.

En el caso del Dragón, Indra se encarga de dotar a los modernos blindados, columna vertebral del proyecto de modernización de las Fuerzas Armadas, de su Sistema de misión con visión 360 y arquitectura electrónica.

El grupo contrató entonces a AZ Capital para el acompañamiento de las negociaciones con el resto de compañías. Un movimiento que, por ahora, aún no ha avanzado. Indra es una empresa multinacional española que ofrece servicios de consultoría sobre transporte, defensa, energía, telecomunicaciones, servicios financieros, así como servicios al sector público. Participada por el Estado, la Sepi destinó casi 174 millones de euros desde febrero de 2022 para hacerse con el 28% de la compañía.